En el último decenio hemos visto aumentar los casos internacionales de narcotráfico, delitos financieros y corrupción en los que se vincula a Venezuela o a venezolanos como protagonistas o involucrados en estos hechos.
Expertos de diversos continentes aseguran que Venezuela pasó de ser vecino de un país productor de drogas ilícitas, a ser uno de los principales lugares de tránsito en la distribución a nivel mundial. Sin embargo, no hay políticas públicas, ni recursos en el presupuesto nacional suficientes y capaces de siquiera comenzar a cambiar esta situación. Hay publicaciones que incluyen a Venezuela entre los estados donde la delincuencia organizada tiene un franco aumento del control del Estado.
Distintas investigaciones señalan entre las causas del aumento de la delincuencia el control de cambio, la debilidad institucional, el monopolio del Estado, la discrecionalidad y privilegios que promueve el Gobierno, la complicidad del sistema judicial y la anomia de los órganos de control y la contraloría. En Venezuela, la defensa de la soberanía y la revolución ha sido la excusa perfecta para desechar las acusaciones y criminalizar a los denunciantes. La defensa de los derechos humanos y la integridad de lo público son rechazados como principios burgueses, liberales o imperialistas. La denuncia de los hechos de evidente ilegalidad es condenada y descalificada con el epíteto de plan siniestro de desestabilización. El aparato de justicia nacional acepta y convalida graciosamente los argumentos que surgen desde las esferas de poder, garantizando la impunidad y convirtiéndose en el aliado perfecto de iniciativas muy rentables para el mundo del crimen organizado.
Lea más en el siguiente informe.
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