Nosotros, ciudadanos representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil en el estado Bolívar y con una visión compartida, declaramos:
Es innegable el proceso de involución al que ha sido sometida Venezuela en los últimos años. Políticas económicas erradas, poca o nula probidad en el manejo de los recursos públicos, opacidad administrativa e informativa, destrucción de la institucionalidad del Estado, expropiaciones y cierre de empresas, creciente incapacidad gubernamental para gestionar de forma idónea los servicios públicos, son algunos de los aspectos que han catapultado este retroceso.
Producto de esto, en todo el territorio nacional, la merma en la calidad de vida de los ciudadanos ha sido significativa. Los problemas parecen agudizarse a medida que nos alejamos de la capital hacia la periferia. Particularmente, los estados fronterizos parecen ser los más vapuleados por esta crisis. En el estado Bolívar, los derechos humanos más vulnerados son el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, a salarios dignos, a niveles de vida adecuados, a la salud y a la educación.
No es menos grave la destrucción y el desmantelamiento de las otrora productivas Empresas Básicas de Guayana, así como la afectación al parque industrial de pymes que eran proveedoras de bienes y servicios. Asimismo, las enormes riquezas auríferas y minerales en nuestro estado lo han convertido en el epicentro del neo-saqueo nacional. El denominado «Arco Minero del Orinoco” ya es sinónimo de codicia desmedida, devastación, ecocidio, masacres, y escenario de frecuentes enfrentamientos violentos entre voraces grupos irregulares o al margen de la ley – vinculados a factores de poder–, que se disputan las riquezas en este territorio. El daño luce inconmensurable. En Bolívar además hay muchas obras anunciadas, que han quedado inconclusas o nunca se realizaron. Todo esto debe ser investigado.
La causa principal o la raíz de toda esta dramática situación nacional, catalogada por los expertos como una emergencia humanitaria compleja, se encuentra en la gran corrupción que se ha instaurado en Venezuela. Cuando hablamos de gran corrupción nos referimos a aquella que se ha erigido desde las altas esferas del poder, que ha servido de modelaje perverso para los escalafones gubernamentales aguas abajo, y ha tejido las múltiples redes y conexiones con el crimen organizado a nivel internacional.
Vista esta realidad inocultable –aunque algunos pretendan negarla– y siendo conscientes de que no podemos escurrir el bulto en esta hora menguada, en conjunto, hemos decidido asumir como nuestra la propuesta de Transparencia Venezuela para conformar en el estado Bolívar un amplio movimiento ciudadano, abierto e integrador conocido como la Coalición Anticorrupción. En el proceso de planteamiento de iniciativas anticorrupción hemos utilizado como líneas de trabajo iniciales las 12 actividades englobadas en El Mandato, acciones que imperativamente debe adoptar cualquier gobernante que pretenda enfrentar y abatir la gran corrupción reinante.
Esta lucha cívica se trata no solo de denunciar la corrupción y la impunidad que la ampara; también es necesario trabajar en el fomento de la ética y los valores; en la capacitación y el empoderamiento ciudadano sobre las características de este flagelo y sus terribles repercusiones en nuestra vida diaria; en restituir la institucionalidad perdida y el adecentamiento de la gestión pública en todos los niveles. Hacemos un llamado a nuestros conciudadanos, quienes también visualizan y anhelan un país distinto, a pasar a la acción. No podemos ser indiferentes, miedosos o apáticos. Llegó la hora de activarnos, organizarnos y mancomunar esfuerzos en esta necesaria lucha por una Venezuela íntegra.
A estas alturas de los duros escenarios que estamos transitando, ya todos deberíamos haber internalizado el hecho de que la corrupción mata.
Ciudad Guayana, 8 de febrero de 2020.
