Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes públicos y velar por el adecuado uso en favor de los derechos de los ciudadanos, pudiendo sancionar a los funcionarios que incurran en algún ilícito administrativo son las atribuciones de la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, hace años que no se conocen sus actividades para cumplir con esas obligaciones.
La CGR se ha mostrado negligente, inactiva y cómplice de la corrupción en Venezuela a pesar de las diversas denuncias que circulan en numerosos medios de comunicación, de los múltiples casos llevados por tribunales extranjeros (Estados Unidos, España, entre otros) en los cuales se han visto involucrados y sancionados funcionarios venezolanos por delitos de corrupción y lavado de dinero.
Lea más en el siguiente informe.
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