El mandato

En Venezuela los casos que podemos calificar de Gran Corrupción se pueden identificar desde el 2003, cuando muchos sacaron provecho del control de cambio, entre otros factores que impulsaron la creciente anarquía, lo que propició con el tiempo redes criminales con carácter trasnacional y que han reportado ganancias formidables, dejando perplejos a los investigadores más avezados de varios países del mundo. La justicia está ausente frente este nivel de corrupción que terminó hundiendo a la población en la miseria. Es necesario exigir sanciones ejemplarizantes para quienes desfalcaron al país. En Venezuela no se cuenta con el necesario músculo institucional para investigar, procesar y sancionar a la inmensa red de corrupción. Es necesario crear un Sistema Especial de Justicia contra la Gran Corrupción para la transición con apoyo internacional, que actuaría contra los hechos de corrupción cometidos entre 2003 y 2020, mientras se fortalecen las instancias nacionales de justicia y seguridad. Entraría en vigencia a partir de su aprobación por parte de la Asamblea Nacional.

Es necesario recuperar el imperio de la ley y el respeto a las instituciones. El combate al crimen organizado y la corrupción se relaciona estrechamente con la reconstrucción de Estado de derecho, principal elemento de un sistema o política anticorrupción. En Venezuela es necesario el pleno respeto al mandato de la Constitución Nacional que establece separación e independencia de los Poderes Públicos, lo que permitirá ir creando un Estado de justicia, paz y derechos.

En Venezuela existen incentivos a la corrupción que ofrecen oportunidades de negocios ilícitos a redes criminales, como el control cambiario y el control de precios. Son políticas públicas vigentes por más de tres lustros y que -según la propaganda oficial- beneficiarían a la población más vulnerable, pero en la realidad han sido el aliciente para sustraer enormes cantidades de dinero, especialmente de Pdvsa. El subsidio a la gasolina o el de los alimentos, por ejemplo, son el centro de un entramado de contrabando y negocios irregulares que corrompieron a los más altos niveles del poder.

Todo acto y decisión pública debe ser transparente. Para ello es indispensable asumir el Gobierno Abierto como un modelo de relación entre gobernantes y gobernados, para que el ciudadano participe en la toma de decisiones y en el seguimiento de las políticas públicas que se dicten. Se trata de abrir los canales para que la población tenga acceso a la información sobre la gestión de sus autoridades, con datos abiertos y la tecnología necesaria, garantizando transparencia, rendición de cuentas e impulsando políticas anticorrupción.

Es necesario rescatar la función pública, privilegiando la experiencia y profesionalismo por encima de criterios de otra índole. Formar parte de las instituciones del Estado no debe responder a conveniencias personales o políticas. A la hora de la designación del funcionario o del servidor público debe privar la evaluación de sus conflictos de intereses. También debe ser erradicado el nepotismo, que tanto daño ha hecho al país.

La democracia y la calidad del sistema político y de representación, están indisolublemente ligados a procesos electorales transparentes y confiables en todas sus fases, que garanticen el respeto a la voluntad de los ciudadanos en cuanto a la elección de sus gobernantes; claridad sobre el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, hojas de vida y trayectorias de candidatos, padrones de proveedores, mecanismos eficientes de auditoría y control previo y posterior, así como la promulgación de normas que favorezcan la integridad del sistema elección y la incorporación de compromisos anticorrupción a la oferta electoral.