Transparencia Venezuela, 7 de febrero de 2020. Intensificar el monitoreo en la cadena de producción y distribución de alimentos, con la finalidad de evidenciar el impacto de la corrupción en los altos precios y el desabastecimiento de productos básicos, es una de las iniciativas que resultaron del tercer encuentro regional de la Coalición Anticorrupción en el estado Zulia, que se realizó el 7 de febrero de 2020 en la sala de eventos WorkInn, en Maracaibo.
Representantes de casi 20 organizaciones de la sociedad civil zuliana que se dieron cita en el evento acordaron diseñar un plan de recolección de información que incluya identificación del rubro, red de distribución y responsables de la cadena, además de difundir en un formato sencillo para todo público.
También propusieron presentar un proyecto para la reforma de la legislación sobre partidos políticos enfocada en el perfil de los candidatos; promover la creación de un canal de comunicación para apoyar difusión de denuncias, información, campañas y actividades de la coalición; establecer mesas de trabajo virtuales y difundir por diferentes medios los principios contenidos en el Manual contra la corrupción. 12 acciones y un mandato elaborado por Transparencia Venezuela.
Otro material presentado por la organización fue su nuevo informe: Oro Mortal. Entre el crimen organizado, el ecocidio y la corrupción, resultado de la investigación que aborda la situación generada por la extracción y comercio ilegal de oro en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde las mujeres son especialmente afectadas por redes de trata de personas.
La Coalición Anticorrupción es un movimiento ciudadano que surge con la finalidad de superar la compleja crisis humanitaria que afecta a los venezolanos, bajo la premisa de que el origen de la misma se encuentra en la Gran Corrupción, fenómeno extraordinario que demanda un esfuerzo igualmente extraordinario, en el que aúnen esfuerzos por igual los ciudadanos, las organizaciones y diferentes sectores de la sociedad civil nacional.
A este proyecto se han sumado ya más de 500 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, en 16 estados del país, comprometidos con la lucha anticorrupción.