Escasez de gasolina, transporte público y agua potable limitan el trabajo del personal del sector salud que atienden la crisis sanitaria generada por la propagación del COVID-19
Transparencia Venezuela, 8 de abril de 2020. A un escenario de país donde no se garantizan las condiciones de vida dignas a la población, se le suma la llegada del COVID-19 para agravar la temida crisis sanitaria que tiene Venezuela desde hace tiempo. En Yaracuy, las medidas de prevención frente a esta pandemia se reducen al confinamiento y aislamiento total de la población, mientras el hermetismo de las autoridades deja más preguntas que respuestas.
Escasez de gasolina, transporte público y agua potable ponen en jaque la paciencia de los ciudadanos, quienes se preguntan si las extremas medidas responden a las normas internacionales de prevención o si se trata de una radicalización del control estatal, situación que limita el trabajo del personal de salud y pone en riesgo la vida de cientos de personas que merecen y deben ser atendidas en condiciones óptimas.
Andrés Fonseca, médico de un centro asistencial de la entidad, relató su experiencia personal para surtir su vehículo de combustible: “Llevo tres días haciendo la cola en una estación de servicio. Llego a las 3 am y cuando abren nos dicen que solo es para funcionarios públicos, en algunos casos hay que pagar un dólar por litro para que te den prioridad. Esto dificulta mi labor, he tenido que ayudarme con amigos y pedir cola para cumplir con mi labor”.
Las unidades de diálisis en Yaracuy también han sido tocadas por la crisis de los servicios públicos. Preocupa la atención que se le da a los pacientes renales, pues aunque muchos de ellos afirman tener transporte para cumplir con su tratamiento, algunos han denunciado que la semana pasada solo se les administró dos horas de tratamiento debido a la escasez de agua, cuando lo recomendable son tres horas para evitar complejidades en el procedimiento.
En contraste con la parte oficial, el gobernador de la entidad, Julio León Heredia, manifestó que llegaron al estado 8.000 pruebas rápidas para aplicarlas en el despistaje del COVID-19. Sin embargo, una enfermera del hospital centinela de Yaracuy indicó que las condiciones, al igual que en el resto del país, no son las más acordes para enfrentar esta pandemia. “No contamos con los kits de protección suficientes para el personal de enfermeras, médicos y camareras. No estamos en condiciones para atender casos graves que requieran de apoyo respiratorio por falta de ventiladores mecánicos, además, nuestro hospital tiene un gran déficit de recurso humano de enfermería, ya que más de 80% se fue del país”, afirmó la trabajadora de la salud que pidió mantener su nombre en reserva. Agregó que el personal de los centros asistenciales yaracuyanos sufre por la falta de transporte público, ya que muchos viven fuera del casco de la ciudad y deben llegar caminando.
Hasta el domingo 5 de abril, el gobierno venezolano ha confirmado 155 casos de coronavirus en el país, de los cuales uno es de Yaracuy, específicamente del municipio Bruzual.
Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil del estado Yaracuy que forman parte de la Coalición Anticorrupción, en ejercicio de sus derechos constitucionales, dirigen una carta abierta a las autoridades nacionales de salud y al gobierno regional, para exigir respuestas e información veraz sobre el manejo de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
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