Transparencia Venezuela, 23 de abril de 2020. Más de 60 organizaciones de la sociedad civil del estado Táchira que forman parte de la Coalición Anticorrupción, activarán este viernes 24 de abril una campaña en las redes sociales y medios digitales de la región para denunciar la situación crítica que atraviesa la población debido a los constantes y prolongados cortes eléctricos. La iniciativa incluye la difusión de una carta abierta al ministro de Energía Eléctrica, a la directiva de Corpoelec y a la Defensoría del Pueblo en la que exigen soluciones a este problema que afecta a los sectores más vulnerables de la entidad andina, en particular en tiempos de cuarentena por la propagación del COVID-19.
Beatriz Salas, promotora regional de la Coalición, explicó que, durante dos horas continuas, las organizaciones difundirán los mensajes a través de sus cuentas en redes sociales como Twitter e Instagram, acompañados por las etiquetas #TáchiraSinElectricidad y #CoaliciónAnticorrupción, las cuales esperan se hagan virales y se ubiquen entras las principales tendencias del día.
“Las organizaciones suscriben la carta abierta en legítimo ejercicio de su derecho constitucional a dirigir peticiones a las autoridades nacionales y regionales, y a exigir respuesta confiable, oportuna, veraz e imparcial; y en atención al Principio de Transparencia y de Rendición de Cuentas consagrado en nuestra Carta Magna”, explicó Salas.
El documento destaca que entre 2008 y lo que va de 2020 se han contabilizado en la región más de 200 cortes del servicio, “sometiendo a los ciudadanos a la agonía de padecer períodos de hasta 18 horas diarias sin electricidad”, ocasionando pérdidas materiales y cuantiosos daños al sector económico.
“Ante esta situación, la sociedad civil tachirense exige información precisa de las causas de las fallas del sistema eléctrico nacional y quiénes son los responsables. También demanda, si el racionamiento debe continuar, que se difundan con antelación los cronogramas de cortes. Además, exige saber cuáles son los planes para indemnizar a los afectados, desde ciudadanos a quienes se les averió un electrodoméstico durante un apagón o comerciantes e industriales que hayan sufrido la pérdida de equipos o de su producción, hasta quienes hayan perdido un familiar a causa de los apagones”, agregó Salas, quien invitó a las organizaciones civiles de otros estados aquejados por este problema a sumarse a esta iniciativa.
