La llegada del COVID-19 golpea de forma particular a los habitantes de la entidad andina, cuyas carencias y problemas se agudizan por su condición de zona fronteriza con Colombia, de donde comenzaron a retornar migrantes venezolanos por la contingencia
Transparencia Venezuela, 8 de abril de 2020. El COVID-19 llega a Venezuela en el momento histórico para el país, donde la corrupción ha causado una debacle total en los servicios públicos y del sistema sanitario nacional. El derecho a la salud y el derecho al acceso a los servicios públicos se violan de forma sistemática en un país que no tiene la posibilidad de manejar una pandemia global, por no contar con suficiente personal para atención médica primaria y especializada debido a la migración de estos profesionales. A la lista de carencias que impiden asistir eficazmente a una población cada vez más vulnerada, se suman la escasez de materiales de bioseguridad, medicamentos e insumos para atender la contingencia, así como las fallas constantes del servicio de agua, electricidad y gasolina.
La realidad del estado Táchira es muy particular, su ubicación geográfica fronteriza aumenta las dificultades propias de un estado con población nativa, pendular y migrante, que se incrementan ante la necesidad de los venezolanos de retornar por los crecientes conflictos que presenta el COVID-19 en los países receptores, razón por la cual la entidad andina será el puente para albergar provisionalmente a los retornados, quienes empiezan a llegar en grandes grupos a la ciudad de San Antonio, en peores condiciones que cuando se fueron. El 4 de abril inició el regreso de venezolanos, el domingo 5 ya se contaban cerca de 1.300 y el lunes 6 más de 300 migrantes se encontraban en el sector La Parada de Cúcuta intentando ingresar por el puente Simón Bolívar.
Ante este panorama se incrementan los retos en atención sanitaria, la cual es insuficiente para la ciudadanía nativa e inimaginable las consecuencias que traería un contagio masivo por COVID-19. La gobernadora Laidy Gómez ha solicitado a la administración central en Salud equipos de bioseguridad y que se acelere el resultado de las pruebas, debido a que las muestras tomadas in situ deben ser enviadas al Instituto Nacional de Higiene en Caracas, procedimiento que no se puede hacer a diario debido a las complicaciones que genera el envío vía aérea. El 7 de abril, la mandataria regional anuncia que después de 22 días de cuarentena en la región se registran dos casos positivos para el COVID-19, uno en el municipio Fernández Feo y otro en la frontera, ambos detectados en personas que ingresaron al país por los pasos fronterizos.
Derechos vulnerados
El retorno de los migrantes es un fenómeno puede acarrear un desbordamiento de tipo social y sanitario, por cuanto no se tienen condiciones logísticas para afrontarlos. Para incrementar el caos, debemos considerar que, desde hace más de 10 años, a la población del estado Táchira se le vulnera el derecho al acceso al combustible, a través de controles burocráticos que, lejos de mejorar el servicio, lo empeoraron. Las autoridades militares manejan a su discreción este rubro, lo que fomenta aún más las mafias y vulnera todos los derechos fundamentales que devienen del suministro, como son el libre tránsito, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación y a la vida, entre otros.
La radicalización de las medidas para prevenir el COVID-19 paralizó de forma total al Táchira, al punto que a los agricultores locales, que surten 60% de las hortalizas que se consumen en Venezuela, se les ha negado el acceso al combustible y las cosechas empiezan a perderse, situación que podría generar más hambruna.
Desde el año 2008, esta región andina está condenada a vivir en la oscuridad, debido a los frecuentes cortes de energía. En marzo de 2019, los apagones fueron de tal magnitud, que se dañaron las unidades UCI y UCI neonatal de los centros de salud en Táchira. Los pacientes renales fueron afectados de manera directa, al punto de que se registró el fallecimiento de más de 200 pacientes renales en un año, sin contar las otras patologías.
De igual modo, se registran fallas en el acceso al derecho de agua potable, situación que empeora durante la cuarentena y expone a la ciudadanía al coronavirus por no poder cumplir con las recomendaciones más básicas de prevención.
Ante este panorama, y en el marco del Día Mundial de la Salud que se celebra cada 7 de abril, las organizaciones de la sociedad civil tachirense que forman parte de la Coalición Anticorrupción se suman a la iniciativa nacional para solicitar un Derecho de Petición ante las autoridades competentes, en donde exigen respuestas concretas a estos problemas. Esta acción es un ejercicio del derecho constitucional para dirigir peticiones y a obtener oportuna respuesta, confiable, veraz, imparcial y sin censura, previsto en los artículos 51 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como ciudadanos venezolanos, preocupados porque se garantice el derecho a la salud, ejercemos el poder que nos concede la Carta Magna.
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