Transparencia Venezuela, 14 de abril de 2020. Trabajadores del hospital Dr. Samuel Darío Maldonado, ubicado en San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira, han protagonizado protestas por la falta de insumos de bioseguridad y limpieza para atender los posibles casos de COVID-19 en ese centro de salud, que se ve ahora rebasado por la llegada de miles de venezolanos que retornan a través de esa ciudad fronteriza con Colombia debido a la pandemia. Organizaciones de la sociedad civil tachirense que forman parte de la Coalición Anticorrupción se han hecho eco de las exigencias del personal a las autoridades locales y regionales.
Enfermeros del citado centro asistencial, quienes advirtieron estar dispuestos a poner sus cargos a la orden de la gobernadora Laidy Gómez, denunciaron que no han sido instruidos sobre los protocolos a seguir en este tipo de contingencias. A Roberto Duque, presidente de la Asociación de Jubilados Profesionales de Enfermería de la entidad andina y trabajador activo desde hace 40 años en el centro asistencial, le preocupa que la directiva no los ha tomado en cuenta “como primera línea al frente de esta emergencia para prestar un servicio de calidad a la comunidad y a los retornados que se encuentran aislados en los municipios Bolívar y Ureña”.
Simón Colmenares, quien presta servicios en el área de emergencia, afirmó que los tapabocas, gorros y batas de que disponen son insuficientes para protegerlos. También alertó sobre la falta de lavamanos en el hospital, que solo cuenta con solo cinco camas sin ventiladores ni oxígeno en el área de aislamiento. Además, afirmó que las autoridades les niegan los salvoconductos para trasladarse en medio del toque de queda impuesto en la región para prevenir la propagación del virus y que quienes viven en zonas lejanas y no han podido movilizarse por falta de gasolina y transporte, son amenazados con despido.
Representantes de organizaciones civiles de la región como FundaRedes, Futuro Visible, Proyecto 860 y Te Propongo Paz, entre otras, respaldan la denuncia del gremio de enfermeros de ese hospital y de otros centros asistenciales del Táchira que claman por insumos para enfrentar la pandemia. De igual modo, exigen a la gobernadora y al Protector designado, Freddy Bernal, que toman las acciones necesarias no solo para garantizar los derechos humanos de los más de tres mil venezolanos retornados al país a través de la frontera con Colombia y que se encuentran refugiados en diferentes localidades del estado Táchira, sino también para evitar que su reingreso al territorio nacional sin los debidos controles de prevención se convierta en un riesgo mayor de propagación del COVID-19.