Transparencia Venezuela, 5 de marzo de 2020. Integrantes de organizaciones civiles que forman parte de la Coalición Anticorrupción en el estado Táchira, acompañaron el miércoles 3 de marzo de 2020 a representantes de las comunidades organizadas inscritas en ese movimiento ciudadano a consignar, ante la Defensoría del Pueblo de la región, un documento en el que denuncian las reiteradas fallas en los servicios públicos y exigen al Estado venezolano cumplir con el suministro de electricidad, gas, agua potable, combustible y telecomunicaciones.
Vecinos de los sectores Puente Real, Primeros, Barrio Sucre y Madre Juana de San Cristóbal, junto a miembros de Fundaredes, Proyecto 860, Socio y Movimiento Vinotinto, explicaron en el escrito las penurias que pasan a diario los pobladores de esas zonas, y de la entidad andina en general, como consecuencia de los constantes apagones, las largas colas para abastecer los vehículos y la escasez de transporte público, el deficiente suministro de gas, la falta de agua por tuberías y las reiteradas fallas en los servicios de telefonía e Internet.
Alegan que todos estos problemas son consecuencia directa o indirecta del patrón de Gran Corrupción que se registra en el país, que se traduce en el desvío de los recursos destinados a la inversión en obras públicas, la falta de mantenimiento de infraestructuras y equipos, así como obras inconclusas o mal ejecutadas.
Del mismo modo señalaron que la Defensoría del Pueblo tiene el deber constitucional de proteger a la ciudadanía en materia de prestación de servicios y en la garantía del cumplimiento de sus derechos, por lo que afirman que, de no haber respuesta a la solicitud, se mantendrán en reclamo y a la espera de que más comunidades se sumen a la lucha hasta ser escuchados.
La Coalición Anticorrupción es un movimiento ciudadano que surge con la finalidad de superar la compleja crisis humanitaria que afecta a los venezolanos, bajo la premisa de que el origen de la misma se encuentra en la Gran Corrupción, fenómeno extraordinario que demanda un esfuerzo igualmente extraordinario, en el que aúnen esfuerzos por igual ciudadanos, organizaciones y diferentes sectores de la sociedad civil. Al proyecto se han sumado ya más de 520 organizaciones en 16 estados del país.