Transparencia Venezuela, 17 de marzo de 2020. Las organizaciones del estado Táchira que forman parte de la Coalición Anticorrupción manifestaron, a través de un comunicado, su contundente rechazo a la detención del profesional de la enfermería Rubén Duarte. El profesional de la salud, junto a otros trabajadores del sector en entidad andina, denunció la falta de insumos en el Hospital Central de San Cristóbal para atender la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19.
Duarte fue detenido por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el martes 17 de marzo de 2020, cuando en representación de sus compañeros exigía a las autoridades del referido centro de salud las condiciones mínimas de protección, de conformidad con lo establecido en la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, ante la contingencia nacional generada por la detección del coronavirus en el país.
En un video difundido por un medio regional, Duarte desmintió a las autoridades nacionales y regionales, quienes afirmaron que el hospital estaba dotado de suficientes equipos, material de limpieza y de bioseguridad (tapabocas, guantes y otros) para atender los posibles contagios, a la vez que exigía la dotación de los mismos a todo el personal.
Su detención causó indignación entre diversas organizaciones defensoras de derechos humanos que forman parte de la Coalición, las cuales exigieron su inmediata liberación y la renuncia del ministro de Salud, Carlos Alvarado.
“Será responsabilidad del Estado, a través de los organismos competentes, proveer lo conducente para la preservación de la vida, seguridad e integridad física de todas las personas que se encuentren prestando servicio en las instituciones asistenciales públicas”, enfatiza el comunicado, que además resalta la obligación de las Fuerzas Armadas y los órganos policiales de respetar los derechos humanos y evitar las arbitrariedades en contra de los servidores del sector salud.
Por último, la Coalición Anticorrupción exhortó a los organismos que detuvieron a Rubén Duarte a realizar una “investigación exhaustiva, imparcial y justa sobre lo ocurrido y se le respeten sus derechos y garantías”.