Como resultado resultado de la petición de información hecha en abril y ratificada en mayo por la Coalición Anticorrupción, activistas y comunidades organizadas de la entidad andina, la empresa estatal envió a la Defensoría del Pueblo un oficio que además de extemporáneo e incompleto, desatiende las interrogantes de los usuarios y no ofrece soluciones
Coalición Anticorrupción, 21 de julio de 2022. El pasado 1° de abril, activistas, comunidades y organizaciones miembros de la Coalición Anticorrupción acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo en el estado Táchira para consignar un documento en el que exigieron a Corpoelec responder a una serie de interrogantes relacionadas con los continuos y prolongados cortes de servicio que se registran en la entidad andina.
Como resultado de la petición ratificada el 20 de mayo mediante un oficio dirigido a ambos organismos y suscrito por 50 solicitantes, entre ellos 22 organizaciones de la Coalición, 8 comunidades organizadas y 20 personas a título individual; el gerente territorial de la empresa estatal, Gustavo Rosario Salas, envió a la Defensoría una comunicación en la que señala que “el requerimiento no puede ser dirigido de forma generalizada” y que se deben detallar los sectores o municipios “presuntamente afectados” por los cortes de energía.
Al respecto, el coordinador regional de Transparencia Venezuela, Mauricio Pernía Reyes, considera que dicha respuesta “es incompleta, extemporánea y no adecuada, pues en lugar de presentar información pública y ofrecer soluciones, pone en carga del ciudadano proporcionar datos con los que cuenta operativa y técnicamente la misma entidad prestadora del servicio”.
Pernía Reyes destacó que el derecho a solicitar información que tienen los venezolanos frente a cualquier organismo público está consagrado en la Constitución Nacional y la Ley de Procedimientos Administrativos. “Esto se traduce en dos facultades concretas. La primera es el derecho de dirigir peticiones ante cualquier autoridad sobre asuntos que sean de su competencia, y, en segundo lugar, recibir oportuna y adecuada respuesta del funcionario responsable de la institución a quien se haya presentado la solicitud”.
En este contexto, apuntó que, dada esta normativa, la comunicación emitida por el gerente territorial de Corpoelec no cumple con los parámetros a los que está obligado por ley, pues el escrito del 1° de abril, en el que están planteadas las inquietudes de los ciudadanos, fue recibido por la empresa el 12 de ese mismo mes, en tanto que la respuesta fecha el 28 de junio de este año fue remitida a la Defensoría el 6 de julio.
“De acuerdo con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable a Corpoelec por ser un ente descentralizado de la Administración Pública, la respuesta a la solicitud debe producirse dentro de los 20 días siguientes a su presentación. Tanto a la primera solicitud como a su ratificación se hizo fuera del lapso previsto, pues la empresa recibió la petición, vía Defensoría del Pueblo, el 12 de abril y desde esa fecha hasta el 6 de julio cuando fue entregado el oficio, transcurrieron 57 días hábiles”, detalló Pernía Reyes.
Preguntas sin respuesta
El representante de Transparencia Venezuela y de la Coalición Anticorrupción en el Táchira señaló que el documento emitido por Corpoelec incumple con el deber de dar respuesta adecuada a la solicitud de la sociedad civil representada en la Coalición, a las comunidades que suscribieron la petición y, en general, a los venezolanos perjudicados por los constantes apagones.
Precisó que el escrito presentado por ellos contenía cuatro interrogantes, de las cuales solo una se refería de forma directa a los cortes diarios, los cuales son un hecho notorio y comunicacional que no requiere prueba. “Por lo tanto, la respuesta de la empresa no resulta adecuada a la petición de información y deja sin respuesta las tres preguntas restantes, entre ellas la referida a la divulgación de los cronogramas y los planes de indemnización a los afectados, así como los planes de inversiones para la infraestructura eléctrica en el estado”.
Por tal motivo, considera que Gustavo Rosario Salas no solo evadió sus responsabilidades como representante de Corpoelec en la región, sino que ha incumplido con los requerimientos que le impone la ley en materia de rendición de cuentas a la ciudadanía, cuyos derechos al acceso a la información pública, a la petición de información y a tener respuesta oportuna, veraz y confiable de las autoridades han sido vulnerados con estas acciones.
Recordó que la transparencia, el derecho al acceso a la información pública y la rendición de cuentas de las autoridades a los ciudadanos, son tres de los principios en los que se sustenta el Gobierno Abierto, modelo de gestión pública que se inscribe en la Acción 8 del Mandato promovido por Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción.
Pernía Reyes anunció que insistirán en el ejercicio del derecho constitucional a exigir información, con una nueva ratificación de la solicitud y mediante cualquier otro mecanismo contemplado en el marco jurídico venezolano hasta obtener una respuesta adecuada a los requerimientos de la población tachirense, que es la más perjudicada por las irregularidades en la prestación del servicio eléctrico.