Representantes de organizaciones civiles entregaron un documento en el que exhortan al Defensor del Pueblo de la entidad a mediar para el que el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, reciba y escuche a las víctimas y a sus familiares, y otro en el que exigen libertad plena para los miembros de Fundaredes
Coalición Anticorrupción, 3 de noviembre de 2021. Por iniciativa del Movimiento Vinotinto, representantes de diversas organizaciones civiles del estado Táchira, entre ellas Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción, junto a comunidades organizadas y familiares de las víctimas, acudieron el martes 2 de noviembre a la sede de la Defensoría del Pueblo en la entidad andina, para consignar un documento en el solicitan su intervención para garantizar los derechos humanos de los presos políticos de la entidad andina.
“Exigimos al Defensor del Pueblo, como garante de los derechos humanos de los más de 330 presos políticos en Venezuela, víctimas de ejecuciones, torturas, delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas y fallecidos en custodia del Estado, que promueva ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien se encuentra de visita en el país, la necesidad de que reciba y escuche a las víctimas y a sus familiares”, expresó a la salida de la sede la abogada Beatriz Salas, directora de Proyecto 860 y coordinadora regional de Transparencia Venezuela.
Destacó que en el estado Táchira tiene 12 presos políticos, 10 militares y dos civiles, entre ellos el director de Fundaredes, Javier Tarazona. El defensor de los derechos humanos se encuentra aislado y sin atención médica, pese a que presenta serios problemas de salud; mientras que su hermano Rafael Tarazona o Omar García, activistas de esa organización, quienes fueron excarcelados, no gozan de libertad plena, por lo que se consignó otro documento en el que se plantea este caso.
De igual modo, Salas señaló que en custodia del Estado han fallecido 11 presos políticos, “sin que se haya determinado responsabilidad alguna por parte de los funcionarios encargados de la custodia”.
Luego de la entrega de los documentos, los voceros de las organizaciones y familiares de los detenidos y víctimas se reunieron con medios de comunicación de la región que se encontraban frente a la sede. “En Venezuela se violan los derechos humanos y nosotros seguimos elevando nuestra voz para exigir justicia”, expresaron.
Entre las 38 organizaciones y comunidades organizadas que han suscrito el documento se encuentran Movimiento Vinotinto, Proyecto 860, Fundaredes, Justicia, Encuentro y Perdón Venezuela; Coalición Derechos Humanos y Democracia y Transparencia Venezuela, además de familiares de los presos políticos del estado Táchira y nueve firmas personales.
