A dos meses de la detención arbitraria de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García, la organización consignó la petición en la sede regional de la Defensoría del Pueblo, acción que fue replicada en 7 estados
Coalición Anticorrupción, 3 de septiembre de 2021. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil del estado Táchira, entre ellas Transparencia Venezuela e integrantes de la Coalición Anticorrupción, acudieron este 2 de septiembre a la sede la Defensoría del Pueblo de la entidad andina, para hacer entrega de una petición de información en la que exhortan al organismo a conocer la situación de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García, miembros de Fundaredes, y que se les otorgue una medida humanitaria en virtud de su cuadro de salud.
La acción se llevó a cabo, de forma simultánea, en los estados Amazonas, Bolívar, Falcón, Lara, Mérida, Yaracuy y el Distrito Capital, al cumplirse dos meses de la detención arbitraria de los activistas, quienes permanecen recluidos en la cárcel La Planta, en Caracas, lo que según el documento constituye otra vulneración a sus derechos ciudadanos.
“Como garante de los derechos humanos de los venezolanos, se solicitó al Defensor del Pueblo autorice la visita de los familiares, nombramiento de abogados defensores y respeto al debido proceso”, expresó Beatriz Salas, coordinadora regional de Transparencia Venezuela y de la Coalición, quien acompañó al director encargado de Fundaredes, Nelson Mackler García, a la entrega de la carta en la sede ubicada en San Cristóbal.
En el documento destacan que, tras su detención arbitraria, el 2 de julio de 2021, mientras cumplían labores de formación en derechos humanos en el estado Falcón; Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García fueron sometidos a desaparición forzosa por más de 30 horas. Luego, fueron trasladados y presentados ante tribunales en Caracas, donde les imputaron los delitos de «instigación al odio», «traición a la patria» y «terrorismo”.
Alegan que durante el proceso de presentación se les negó la asistencia consagrada dentro de las garantías del derecho a la defensa a los ciudadanos. “Actualmente estos defensores de derechos humanos no han podido designar abogados de confianza, lamentablemente el estado de salud de estos tres ciudadanos se ha deteriorado producto de esta detención arbitraria de la cual hoy son víctimas”.
“Esto va acompañado de una solicitud formal de libertad de su parte, ya que los delitos que se les han imputado no cuentan con elementos de convicción para que les sean atribuidos a estos ciudadanos”, reza el documento.
Además, mencionan que el fundador y director de Fundaredes, Javier Tarazona, es beneficiario de una Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de junio de 2020, mediante resolución N° 30/2020, debido al hostigamiento y persecución de los que era víctima.
Como parte de las acciones de respaldo a esta petición, en horas de la tarde se activó una campaña en redes sociales a la que se sumaron organizaciones y defensores de los derechos humanos de todo el país.
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