Las irregularidades en la ejecución de planes de política de protección y vigilancia, con el uso de videos, son revisadas a profundidad en el informe Sistemas de videovigilancia y atención de emergencias en Venezuela, un proyecto de cubanos y chinos sellado con elevados riesgos de corrupción
Coalición Anticorrupción, 7 de febrero de 2022. Los sistemas de videovigilancia y de atención de emergencias son dos de las tecnologías más ampliamente utilizadas por las policías en el mundo porque contribuyen a prevenir hechos de violencia y a realizar mejores investigaciones de delitos. En Venezuela se han anunciado diversos planes oficiales para mejorar la seguridad ciudadana con la aplicación de estas herramientas, pero su ejecución ha estado marcada por altos niveles de opacidad, fuerte presencia de actores extranjeros y elevados riesgos de corrupción.
Las irregularidades en la ejecución de estos planes son revisadas a profundidad en el más reciente informe de Transparencia Venezuela, Sistemas de videovigilancia y atención de emergencias en Venezuela, un proyecto de cubanos y chinos sellado con elevados riesgos de corrupción.
El documento registra y evalúa los convenios binacionales con China y Cuba, celebrados entre 2007 y 2021, con una inversión anunciada por el Gobierno venezolano de al menos USD 1.300 millones, para desarrollar tres planes de política de seguridad ciudadana y vigilancia con el uso de videos. Sin embargo, los indicios de un posible sobreprecio en la compra de equipos, a empresas cuestionadas internacionalmente, podría rondar los USD 350 millones.
Para la ejecución del Sistema Integral de Monitoreo y Asistencia SIMA-VEN911, el gobierno venezolano anunció, en 2013, la inversión de USD 1.200 millones que servirían para instalar 40 centros de comando y control en 16 localidades del país, con 30.000 cámaras de seguridad y 10.000 botones de alarmas. Pero, al revisar lo que se ofreció y compararlo con lo invertido en proyectos similares en países como México o Chile, son notorias las diferencias en los precios.
El informe refiere que según el plan del gobierno venezolano cada centro de comando y control suponía un costo de USD 30 millones (cifra que resulta de dividir la inversión total del proyecto entre el número de centros), mientras que un centro base en Zapopan, Jalisco, costó menos de USD 7 millones y en Guadalajara fueron USD 5 millones, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos durante la investigación.
Agrega que, en Chile, la instalación de 1.000 cámaras en 66 comunidades tuvo un costo aproximado de USD 18,3 millones por cinco años. “Extrapolando esta cifra a las 30.000 cámaras ofrecidas en Venezuela, arroja un total de USD 549 millones: menos de la mitad del proyecto SIMA-VEN911”.
El principal proveedor del VEN911 fue la empresa estatal China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC), que reemplazó en su totalidad las labores gestionadas por la estatal CANTV, así como sus operaciones técnicas. Esta empresa ha sido sancionada en dos ocasiones por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Adicionalmente, en menor escala, otras empresas chinas como ZTE y Huawei Technologies Co. Ltd. también estuvieron involucradas.
En resumen
En este reporte, Transparencia Venezuela también profundizó en la centralización de funciones, labores y competencias de seguridad ciudadana; la alarmante ausencia de fiscalizaciones, controles internos y externos e información pública; hechos que apuntan a riesgos de corrupción y un sistema opaco con importantes posibilidades para la malversación de fondos y la utilización de herramientas de seguridad ciudadana para fines de control social.
La investigación se divide en cuatro partes. En la primera se describe el sistema VEN911, el Centro de Seguridad y Atención de Emergencias 171 (CESAE 171) y también el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3). Esta sección incluye las promesas del gobierno, una reconstrucción de cuánto se ha gastado, algunas inconsistencias encontradas, y detalla exhaustivamente la participación e injerencia de los gobiernos de Cuba y de la República Popular China. Cierra con la comparación del VEN911 con tres sistemas similares de Ecuador, México y Chile.
Luego, en la segunda parte, se detallan siete riesgos de corrupción hallados a partir del análisis comparativo entre países, algunas irregularidades detectadas por organismos de control, así como la grave ausencia de controles e información pública.
Posteriormente, en la tercera sección, se hacen recomendaciones para mejorar la transparencia y el uso de estas tecnologías para la seguridad de todos los ciudadanos.
En la última parte, se nombra a algunos funcionarios con responsabilidad en el entramado de los sistemas de videovigilancia y atención de emergencias por los cargos públicos que ocuparon.
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