En el marco del Día Mundial de la Salud, la Coalición Anticorrupción exige a las autoridades información confiable y transparencia en el manejo de la crisis por la propagación del virus y solución a las fallas en los servicios públicos
Transparencia Venezuela, 8 de abril de 2020. La llegada del COVID-19 a Venezuela puso en evidencia el gran daño que la Gran Corrupción ha causado al país. El pésimo estado de los servicios básicos es muestra inequívoca de ello, pues pese a la asignación de recursos multimillonarios en sectores vitales como salud, electricidad, agua, combustible y transporte, su precaria condición impide el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Según las últimas cifras ofrecidas por voceros oficiales, de los 159 casos de COVID-19 confirmados en el país, 96 se concentran entre el Distrito Capital y los estados Miranda y Vargas. Ante estos registros, los ciudadanos de la región capital y las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Coalición Anticorrupción exigen que las autoridades nacionales y regionales transparencia en el manejo de la crisis y que rindan cuentas permitiendo el acceso a información pública de calidad.
Escasez y racionamiento de combustible
Otrora reconocida por tener una de las empresas de hidrocarburos más importantes del mundo, Venezuela sufre hoy un fuerte desabastecimiento de combustible que le impide atender la demanda para el traslado de los trabajadores del sector salud, los pacientes y sus familiares, así como el transporte y distribución de alimentos y medicinas, la prestación de servicios y un conjunto de necesidades que, en una situación de emergencia humanitaria como la que atravesamos, requieren de especial atención para garantizar los derechos de los ciudadanos.
La opacidad gubernamental agrava la situación. Voceros oficiales informaron de un plan especial para la distribución de combustible destinado a abastecer a los sectores prioritarios. Sin embargo, la falta de acceso a la información pública hace imposible conocer cuáles áreas se consideran prioritarias, cómo está configurado ese plan y en cuáles estaciones de servicio se surte el combustible, así como los horarios, frecuencia y condiciones para abastecerse.
A diario, las redes sociales dan cuenta de innumerables denuncias de ciudadanos afectados por dificultades en acceso al combustible y por tratos discriminatorios y abusivos de servidores públicos a cargo del servicio, lo que genera incentivos para actos de corrupción como la venta irregular y con sobreprecio de la gasolina.
Los ciudadanos se preguntan ¿a qué obedece ese plan, a una situación específica que permita hacer frente a la cuarentena social impuesta por el COVID-19, o a una merma en la industria petrolera nacional que no puede abastecer la demanda interna? ¿Acaso se utiliza esta coyuntura como excusa para esconder un plan de racionamiento de combustible?
Opacidad y desinformación
Las cifras oficiales de pacientes contagiados con COVID-19 son suministradas por altos funcionarios en declaraciones que realizan cuando estiman conveniente, pero sin que se realicen ruedas de prensa que permitan a los medios independientes preguntar o contrastar la información. Priva la opacidad y la ausencia de información pública que permita conocer, entre otros aspectos:
- Cuál es la capacidad del sistema se salud para enfrentar la pandemia y atender enfermos.
- Cuánto es el personal de salud que atiende la pandemia y los planes de protección, apoyo y atención a esos trabajadores y a su familia.
- Cuánto dinero se ha destinado a acondicionar y dotar los hospitales centinela, cuál es la situación actual de esos hospitales y cuántos casos confirmados han atendido.
- Cuál es la situación de servicios básicos como agua y electricidad en estos centros de salud.
- Cuáles pruebas de despistaje se realizan, cuántas, dónde y cuándo, así como el resultado de las mismas
- Cantidad de los dispositivos médicos y de higiene para la prevención del COVID-19 que han sido adquiridos y distribuidos (mascarillas, guantes, trajes de protección, jabón, gel antibacterial).
El agua en el combate del COVID-19
Organismos internacionales y el Ministerio de Salud venezolano han recalcado la importancia del lavado de las manos y la limpieza de las superficies y objetos con los cuales se tienen contacto para evitar el contagio. No obstante, en la región capital, como en el resto del país, la falta de agua impide cumplir estas y otras normas de prevención. Hay sectores del estado Miranda que reportan que pasan hasta más de tres semanas sin recibir el líquido.
Los planes de distribución de agua anunciados por el gobierno como medida de emergencia mientras se realizaban las obras para regularizar el servicio, se han vuelto indefinidos. El incumplimiento de los horarios de suministro establecidos genera incertidumbre entre los venezolanos, quienes exigen conocer cuál es la situación de la rehabilitación del sistema, por qué se ha agudizado la escasez, cuántos recursos y en qué se han invertido, cuándo se prestará el servicio según los estándares internacionales y qué se está haciendo para alcanzarlo.
Es impostergable que el gobierno nacional actúe con transparencia, ofrezca información pública de calidad y rinda cuentas sobre los planes y programas que ejecuta en materia de transporte, distribución del combustible, sistema de salud y con el suministro de agua potable en el marco de la pandemia.
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