El 15 de octubre de 2019, durante una reunión en el Palacio de Miraflores, el mandatario Nicolás Maduro anunció que entregaría una mina de oro a cada gobernación bolivariana para financiar el presupuesto y corroboró que el negocio del oro en Venezuela se convirtió en uno de los últimos bastiones que sostienen a su gobierno, cuestionado por organismos internacionales y desconocido por más de 55 países.
El anuncio fue enmarcado en el Plan Minero Tricolor con el que se prevé “potenciar” no solo la producción de oro, sino de coltán y diamantes en el denominado Arco Minero del Orinoco, un proyecto anunciado por el presidente Hugo Chávez en 2011 y retomado por su sucesor en 2016, que arbitrariamente avaló la minería en 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, en una superficie que representa 12% del territorio nacional de una zona ecológica protegida con presencia de más de 190 comunidades indígenas.
El secretismo gubernamental que se ha consolidado durante años impide precisar cómo se pretende hacer la distribución de minas entre los gobernadores o conocer con exactitud cuántas de las áreas contempladas en el Arco Minero del Orinoco están operativas y cuántos kilos de oro han reportado a las arcas del Banco Central de Venezuela, único responsable de transar con el metal.
Lea más en el siguiente informe.
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