Transparencia Venezuela y las organizaciones civiles que integran la Coalición Anticorrupción exigieron a la ministra de Educación y a los jefes de las zonas educativas de 11 estados, detalles sobre el número de planteles habilitados, docentes activos y vacunados, dotación de implementos de bioseguridad y otras medidas para evitar contagios. Próximamente, la acción se cumplirá en otras cuatro entidades
Coalición Anticorrupción, 30 de septiembre de 2021. En un esfuerzo coordinado de alcance nacional, Transparencia Venezuela y las organizaciones civiles que integran la Coalición Anticorrupción, se dirigieron a la ministra de Educación, Yelitze Santaella, y a las autoridades educativas de 11 regiones para entregar una petición de información pública con motivo del anuncio del reinicio de clases presenciales en el actual contexto de la pandemia por COVID-19.
La acción ciudadana se inició el miércoles 29 de septiembre en los estados Lara, Mérida, Nueva Esparta y Yaracuy. El jueves 30 del este mes la jornada se llevó a cabo en Barinas, Táchira, Carabobo y Zulia. En tanto que, el viernes 1 de octubre, se formalizó la exigencia en Apure, Portuguesa y el Distrito Capital. Próximamente se hará en los estados Amazonas, Cojedes, Guárico y Monagas.
El documento dirigido a la titular del ministerio fue consignado en la sede de ese gabinete por Jhuan Medina, coordinador de Transparencia Venezuela en la región capital. Entre las preguntas de interés incluidas en la petición están la cantidad de planteles públicos y privados operativos en cada región; déficit de personal docente, administrativo y obrero por cada centro educativo; porcentaje de trabajadores vacunados; matrícula escolar inscrita para el período 2021-2022; medidas para evitar contagios y recursos para la higiene y dotación de implementos de bioseguridad en los planteles.
De igual modo, las organizaciones civiles interrogaron a las autoridades educativas en torno a servicios claves para el desarrollo de las actividades académicas bajo la modalidad presencial, entre ellos el suministro de energía eléctrica y agua potable, así como la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
En Lara, la actividad estuvo liderada por la coordinadora de Regiones de Transparencia Venezuela, Yonaide Sánchez, quien, junto a Marisol Bustamante y representantes de otras ONG de la entidad crepuscular, entregó el oficio en el despacho del profesor Víctor Arrieche, jefe de la Zona Educativa.
En tanto que la coordinadora de la organización y promotora del movimiento ciudadano en Yaracuy, Yamilette Sanguino, entregó la petición a Ana Rodríguez, titular de la Zona Educativa de la entidad. La funcionaria, junto a su tren ejecutivo, recibió a la comitiva, leyó la carta y se comprometió en responder por escrito a las preocupaciones de la sociedad civil.
“Esta exigencia la hacemos en el ejercicio del derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos a pedir información y a obtener de las instituciones públicas respuesta confiable, veraz, imparcial y sin censura”, destacó Sanguino.
Juan Carlos Torcat, coordinador regional de Transparencia Venezuela en Nueva Esparta, consignó el oficio dirigido a Noris Soto, directora de Educación de la entidad insular. “Los funcionarios que nos atendieron fueron muy receptivos y afirmaron que darían respuesta a los requerimientos vía correo electrónico”, señaló.
Los representantes de la organización en el estado Zulia, Jesús Urbina; Humberto Torres en Carabobo, y Briceida Morales en Barinas, hicieron lo propio en las sedes de las autoridades educativas de sus regiones.
“Gran parte de las interrogantes estuvieron a la operatividad de los centros de enseñanza luego de más de un año de confinamiento, pues los servicios públicos y la limpieza son temas vitales en medio de una pandemia. Esta acción de exigibilidad se realizó en el marco del Día Internacional del Acceso a la información Pública y tomando en consideración la necesidad de conocer de manera oportuna las interrogantes planteadas”, expresó Morales.
Estados andinos cumplieron
Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela y la Coalición en el estado Mérida, indicó que alrededor de 20 ONG de la región se sumaron a esta iniciativa con la que buscan conocer las medidas que se implementarán para la protección de los alumnos y de los trabajadores educativos.
Por su parte, los coordinadores en el Táchira, Mauricio Pernía-Reyes y Beatriz Salas, acompañados por la representante del Movimiento Vinotinto, Roslyn Moncada, fueron atendidos en las oficinas de la Zona Educativa, donde no les permitieron tomar fotos de la recepción del documento destinado a la titular de la institución, Charly Marina Rojas, y tampoco les precisaron la fecha estimada para dar respuesta a la petición.
