Coalición Anticorrupción, 8 de febrero de 2021. Espacios de Transparencia, la serie de eventos en línea promovida por Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción para impulsar la reflexión y el análisis, así como para fomentar la formación y construir propuestas en torno a diferentes temas de interés nacional, arribó a su edición número 24 con el foro Gran corrupción, extinción de dominio y recuperación de activos, realizado el 5 de febrero en alianza con el Proyecto Roscio.
Cuatro destacados expertos disertaron sobre los mecanismos de lucha anticorrupción implementados en otros países y cómo pueden replicarse estas experiencias en Venezuela, en donde la Gran Corrupción figura como una de las principales causas de la Emergencia Humanitaria Compleja que padece la mayoría de la población.
“Los números, el alcance y el impacto que tiene la corrupción en Venezuela no tienen parangón. Lava Jato, que era conocida como la red de Gran Corrupción más grande que se había visto en América Latina, queda minimizada a un porcentaje bajísimo de lo que estamos viviendo en Venezuela”, señaló la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela y directora nacional de la Coalición Anticorrupción, Mercedes De Freitas.
De Freitas recordó que el seguimiento realizado por la organización ha develado que Venezuela tiene 89 casos abiertos en los sistemas de justicia de 21 países y que 40% de los casos suman más de 30.000 millones de dólares, sin incluirlos US$ 10.000 mil millones identificados en Suiza. De igual modo, refirió que el Corruptómetro 2020, un mapa de la economía del delito realizado por Transparencia Venezuela junto a la plataforma de periodismo de investigación Connectas y a la Alianza Rebelde, ha identificado 236 casos de corrupción, de los cuales solo en 114 se conocen fondos públicos comprometidos, monto supera los US$ 52.000 millones.
“Hablamos de una red con presencia en el mundo, por lo que necesitaremos todo un esfuerzo de recuperación de activos. Los procesos son distintos en cada país y las personas que están en los procesos judiciales cuentan con suficientes recursos para contratar bufetes poderosos e incentivos para acabar con estos esfuerzos”, sostuvo De Freitas.
Agregó que ya en el país se ha comenzado a discutir y trabajar en la propuesta de crear una unidad técnica de recuperación de activos que diseñe y desarrolle estrategias para investigar los casos en cada uno de los países. “Hoy podemos empezar a capacitar a los profesionales que se encargarán de esta tarea. También se creó la Coalición Anticorrupción, la cual ha presentado una propuesta de 12 acciones complejas del mandato anticorrupción. Este movimiento ciudadano cuenta ya con 844 organizaciones en 20 estados del país”.
Una experiencia a seguir
¿Puede Venezuela reclamar esos activos desviados a otros países? fue el tema sobre el que disertaron tres abogados: Gilman Giovanny Santander, corredactor del Código de Extinción de Dominio de Colombia y de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc); Emilio Urbina, doctor en derecho de la Universidad de Deusto y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab); y Rafael Simón Jiménez Tapia, magíster en políticas anticorrupción y especialista en investigación financiera y recuperación de activos. Urbina y Jiménez son los autores del libro El Comiso Autónomo y la Extinción de Dominio en la lucha contra la corrupción, en el cual incluyen una propuesta y diez recomendaciones para el caso venezolano.
Los expertos coincidieron en que Venezuela requiere de una legislación con mejores instrumentos para perseguir y recuperar los activos que son producto de la corrupción. Entre las alternativas que propusieron destaca la extinción de dominio, proceso judicial en el que el Estado reclama bienes de personas que fueron obtenidos de forma ilegítima.
“Es una medida independiente del proceso penal que solamente se enfoca en el origen y el destino de los bienes. Hay países con experiencias positivas en donde se hacen investigaciones integrales que nos está diciendo que no nos basta con buscar la responsabilidad penal del delincuente, sino que es necesario que si tuvo un enriquecimiento ilícito procurar la recuperación de ese activo. En Colombia, el tema entró directamente a la Constitución”, explicó Santander.
Para el experto neogranadino, los delitos de corrupción son unos de los más rentables, pues tienen bajas penas, “casi simbólicas”, en la que es cuesta arriba recuperar lo robado. Ante ello, surge como alternativa la figura del estatuto de extinción de dominio. “Existe un bien que puede ser producto de delincuencia organizada o corrupción. Esta figura no es una pena, no es una sanción, sino que se verifica la legalidad de la propiedad, lo que permitirá que se reintegre al Estado. Se restablece el ordenamiento jurídico quebrantado”.
Recordó que la corrupción no es un delito común, pues el saqueo de las arcas públicas –como en el caso venezolano- también convoca a organizaciones criminales. Sin embargo, dijo que la aplicación de la extinción de dominio ha dejado experiencias positivas en América Latina, como es el caso de Guatemala y El Salvador. “Es mucho más sencillo resolver estos casos complejos cuando se hace desde la perspectiva de la investigación patrimonial”, apuntó.
Labor titánica
De acuerdo con Urbina y Jiménez, en Venezuela no hay tradición sobre esta materia, pero será necesario entrar en el esquema cuando se restablezca la institucionalidad. La Asamblea Nacional tiene un proyecto de ley para la recuperación de activos provenientes de la corrupción que avanzó en segunda discusión y ofrece la posibilidad de que se conforme una entidad especializada para solicitar la devolución de los dineros públicos.
“Si la entidad logra mostrarle a Suiza, Estados Unidos o Colombia que está constituida puede haber una devolución. Hay un proyecto de ley, órganos que pueden activarse con competencia internacional y podrían tomar las acciones necesarias para que el patrimonio no quede impune en otros Estados”, reiteraron.
Los autores de El Comiso Autónomo y la Extinción de Dominio en la lucha contra la corrupción ahondaron en el contenido de la obra en cuanto a los conceptos básicos, marco legislativo existente en Venezuela y las hipótesis legales que plantean para hacer viable la aplicación de la figura en el país. Asimismo, señalaron que muchas de las propuestas están contenidas en el proyecto de Ley que se presentó ante la Comisión de Contraloría del Parlamento, las cuales están enmarcadas en la Convención de las Nacionales Unidas contra la Corrupción e inspiradas en la experiencia colombiana.
La directora de Transparencia Venezuela agregó que la organización ha presentado al país una propuesta de creación de la Unidad de Recuperación de Activos (URA) para que diseñe y desarrolle la estrategia.
“Si estamos hablando de que la corrupción en Venezuela tiene este alcance, vamos a necesitar no solamente la extinción de dominio dentro del país, sino todo un esfuerzo en recuperación de activos. Viendo el tamaño de la tarea no dudamos en calificarla de titánica, porque las normas y los procesos son totalmente distintos en cada país”, precisó De Freitas.
Con el propósito de formar a la ciudadanía en este tema, la plataforma de capacitación virtual Campus Transparencia abrió el Curso de Recuperación de Activos que se construyó con expertos nacionales y de países como Suiza, Estados Unidos y España. Esta y otras ofertas de formación están disponibles en: https://campustransparencia.com.
El foro Gran corrupción, extinción de dominio y recuperación de activos fue presentado por Mauricio Pernía-Reyes, coordinador regional de Transparencia Venezuela en Táchira, y contó con la participación como moderador de Jairo García Méndez, representante de Proyecto Roscio.