Transparencia Venezuela informó que desde 2018 recibió, a través de Dilo Aquí, 158 denuncias de extorsión, amenazas y casos de simulación de hecho punible que involucran a funcionarios militares o policiales apostados en puntos de control, terminales, aeropuertos, estaciones de servicio y pasos fronterizos
Coalición Anticorrupción, 1 de septiembre de 2022. El pasado 16 de julio, durante su alocución con motivo del Día Nacional del Policía, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la ciudadanía denunciar la matraca y los abusos policiales. Este llamado se produjo justo un año después de que ordenó acabar con las irregularidades en las alcabalas de todo el país, en el contexto de la pandemia por COVID-19, e instruyó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a cumplir esa tarea. En esa oportunidad, Maduro le adjudicó a la alta funcionaria la responsabilidad de garantizar que se eliminaran todas las trabas “que se le ponen en las alcabalas al pueblo”.
No obstante, transcurridos más de 12 meses de este mandato, los esfuerzos oficiales para eliminar las distintas formas de corrupción y abuso de poder, que se registran en los puntos de control, han resultado insuficientes, informó Transparencia Venezuela en su portal web.
En redes sociales se repiten a diario denuncias de ciudadanos que han sido víctimas o testigos de matraca, extorsión, amenazas y otras expresiones de abuso de efectivos policiales. En muchos casos, los afectados logran hacer registro fotográfico o audiovisual del hecho. La viralización de las denuncias ha generado que el Ministerio Público investigue y aplique algunas sanciones.
En este contexto, la organización activó #No+MatraK, una campaña de denuncia e información a la ciudadanía sobre las funciones de una alcabala y los procedimientos establecidos para aplicar una multa, retener a personas, vehículos o mercancía que se movilizan por el territorio nacional; así como conocer dónde y cómo denunciar las matracas en puntos de control y pasos fronterizos, y promover la App de Dilo Aquí para los reportes de abusos.
Como parte de su informe Economías ilícitas al amparo de la corrupción, publicado en junio de 2022, Transparencia Venezuela identificó 322 puntos de control situados en las troncales y vías regionales. De estos, 223 son manejados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 55 por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 33 son de policías estadales, tres pertenecen a policías municipales, tres a la policía científica y otros tres al Ejército Bolivariano.
Denunciar es la clave
Los datos recopilados por Transparencia Venezuela en Economías Ilícitas permitieron estimar que, si se transita por 100 puntos de seguridad, en al menos 25 de estos puestos se presentará algún acto de extorsión. Entre los más afectados por estas peticiones de “colaboración” en dinero o bienes, para permitir el paso o hacer caso omiso al incumplimiento de una norma por parte de un conductor, están los transportistas de alimentos y productos del campo.
Al respecto, Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), afirmó que las alcabalas en Venezuela en lugar de prevenir la inseguridad se convirtieron en un grave problema para el sector. Precisó que en conversaciones con el Ministerio de Interiores han presentado varias denuncias y casos de extorsión, pero a la fecha no han tenido respuesta.
En tanto, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel, también dijo haberse reunido con el Ministerio de Interiores para buscar soluciones. Entre las propuestas que han presentado está el uso de un salvoconducto que los productores muestren en las alcabalas para evitar que pierdan mercancía y tiempo
Transparencia Venezuela, a través de la plataforma de denuncias Dilo Aquí, también ha hecho seguimiento a los reportes ciudadanos de irregularidades y de los riesgos de corrupción que se generan en los llamados puntos de control.
Desde 2018 hasta lo que va de año, la organización ha recibido 158 denuncias de víctimas de extorsión, amenazas y casos de simulación de hecho punible que involucran a funcionarios militares o policiales apostados en puntos de control, terminales, aeropuertos, estaciones de servicio y en los pasos fronterizos hacia Colombia. De estos reportes, 84 corresponden a solicitudes de dinero, bienes o alimentos a cambio de no procesar o detener a la persona, no aplicar una multa, no retener el cargamento (con o sin factura) o los documentos personales y del vehículo, entre otros.
De las modalidades, diez han sido amenazas de simulación de hechos punibles (sembrar drogas) para pedir dinero; dos casos de simulación del hecho punible y 10 casos de abuso de autoridad (uniformados que abren los bolsos de los pasajeros y revisan de forma indebida los documentos), dos de esos casos, además, incluyeron agresiones físicas. De igual modo, se han denunciado mediante la App nueve casos de robo o sustracción ilegal de medicinas, alimentos, celulares o mercancías; y tres amenazas de separar a los hijos de sus padres si no pagaban; particularmente, en casos en los que el menor viajaba solo con uno de los dos progenitores.
Se determinó que 37 reportes los hicieron mujeres, 91 reportes fueron realizados por hombres y 30 por personas no identificadas. En el caso de las mujeres, muchas denunciantes fueron amenazadas con ser desnudadas o despojadas de su ropa para una revisión exhaustiva en busca de divisas o algún objeto de valor. Según la data, no se encontró que este procedimiento se realizara en hombres. Sin embargo, estos reportaron que son amenazados con “sembrarles” narcóticos y con ser procesados penalmente si no colaboraban con los efectivos. }
Aunque de los hallazgos de este seguimiento se desprende que en los últimos años se ha incrementado la denuncia, incluso los casos de amenazas de simulación de hecho punible, también se determinó que la mayoría de las personas desconoce la normativa legal aplicable o qué hacer en caso de ser retenido o ante la presunción de extorsión en una alcabala.
Transparencia Venezuela informó que mantiene activo el servicio gratuito de asesoría, orientación y seguimiento de denuncias de corrupción, a través de la oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), la aplicación móvil Dilo Aquí, la línea telefónica 0412-3122629 y el correo denuncia@transparenciave.org.
¡No te quedes callado! La denuncia es la clave para visibilizar y erradicar la matraca y otras irregularidades en los puntos de control. Síguenos en nuestras redes. Infórmate y denuncia. #No+MatraK
