Más organizaciones e individualidades han suscrito el comunicado de rechazo a la detención de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, para sumar hoy 395 adhesiones. La Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, Amnistía Internacional y diversos países expresaron su preocupación por los ataques a los espacios cívicos
Coalición Anticorrupción, 6 de julio de 2021. Con la adhesión de más de 100 nuevas organizaciones y 35 individualidades, en las últimas 48 horas, ya son 395 las firmas de apoyo al comunicado publicado el pasado 2 de julio, por integrantes de la Coalición Anticorrupción en Venezuela, redes nacionales e internacionales de defensores de derechos humanos, fundaciones, gremios, sindicatos y comunidades organizadas, en rechazo a la detención arbitraria de Javier Tarazona, director general de Fundaredes; y de Rafael Tarazona y Omar de Dios García, miembros de la mencionada organización defensora de los derechos humanos.
A los llamados de liberación de los activistas se han sumado las voces de la Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, Amnistía Internacional y representantes de diversos países que han expresado su preocupación por el caso.
Los activistas fueron retenidos el 2 de julio junto a Yhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela (Mayday Confavifdt), cuando acudieron ante la sede del Ministerio Público en la ciudad de Coro, Estado Falcón, para denunciar que eran víctimas de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón, Sebin y civiles armados, mientras participaban en unas jornadas de formación ciudadana y promoción de derechos humanos, que se desarrollaron en la mencionada entidad.
Romero fue liberado horas después, mientras que los integrantes de Fundaredes permanecieron detenidos y aislados, hasta el día 3 de julio, cuando Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García fueron presentados ante el Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo, en Caracas, aproximadamente a 30 horas después de su detención arbitraria. La juez les impidió el nombramiento de abogados de confianza para ser asistidos en la audiencia de presentación, y se designó a defensores públicos. En menos de 30 minutos, fue dictada una medida de privativa de libertad por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo.
Ante esta situación, la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por las “reducciones al espacio cívico; la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo contra las miembros de la sociedad civil, los medios de la comunicación y los miembros de la oposición” en Venezuela.
Bachelet destacó que ese organismo había documentado 97 incidentes relacionados con defensores de derechos humanos y puso como ejemplo más reciente la detención de los tres miembros de Fundaredes. La Alta Comisionada exhortó a permitir “el acceso urgente de defensores de su elección”, a la vez que condenó la “fiscalización desproporcionada a la sociedad civil y vinculación de acciones humanitarias y de derechos humanos con el terrorismo”.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió su liberación inmediata y responsabilizó al Estado venezolano de su bienestar. En el mismo tenor se pronunció Amnistía Internacional. La organización para las Américas considera que “las detenciones arbitrarias son parte de una política estatal que debe llegar a su fin”.
A estos pronunciamientos se han sumado los de representaciones diplomáticas de Canadá, Alemania y la Unión Europea, entre otros países. Al comunicado se siguen sumando, a diario, diferentes movimientos sociales y organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, que convocaron a una concentración pacífica este martes 6 de julio frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en Caracas.
COMUNICADO-FINAL-FUNDAREDES-Actualizado-6-7-21