Transparencia Venezuela, 28 de agosto de 2020. En el ejercicio de sus funciones, la Contraloría General de la República se ha caracterizado por su ineficiencia y parcialización hacia el Poder Ejecutivo. Los informes presentados por Transparencia Venezuela desde 2014 dan cuenta de actividades dirigidas a consultas, análisis sin intención de verificar actuaciones de los organismos del Estado, sumado a inhabilitaciones políticas a miembros de partidos distintos al de gobierno e indiferencia ante hechos de corrupción que causaron impacto en el sector salud, de alimentación y electricidad, entre otros. Este fue el tema del reciente video publicado por las organizaciones civiles del estado Mérida que forman parte de la Coalición Anticorrupción.
La pieza audiovisual forma parte de una serie realizada con el apoyo en la grabación y edición de Yanara Vivas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con la finalidad de difundir las 12 acciones del Mandato Anticorrupción que impulsa la Coalición. Walter Trejo, coordinador de Cátedra de la Paz y Derechos Humanos adscrita a la Dirección General de Cultura de la Universidad de Los Andes (ULA), fue el vocero del video dedicado a la acción 11 del mandato, que plantea exigir a los órganos de control administrativo actuar con eficacia y justicia ente la corrupción.
Este llamado está dirigido a la Contraloría General de la República (CGR), que por disposición del artículo 287 de la Constitución Nacional es el “órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales”, incluyendo las operaciones relativas a los mismos lo cual involucra la “inspección de los organismos y entidades del sector público sujetas a su control”.
Sin embargo, la actuación parcializada y selectiva de la CGR la ha hecho cómplice de la corrupción que ha afectado los derechos ciudadanos en Venezuela. Por tanto, la exigencia de la sociedad civil implica recuperar su autonomía, de manera que pueda ejercer de forma oportuna y efectiva sus funciones en el control sobre el uso del erario público, además de la activación de investigación y la aplicación de sanciones a quienes incurran en irregularidades.
La Coalición Anticorrupción es un movimiento ciudadano de alcance nacional con presencia en 18 estados y el respaldo de más de 710 organizaciones de la sociedad civil, que impulsa las 12 acciones imprescindibles e impostergables del mandato de la ciudadanía a los líderes políticos para lograr el cambio que el país requiere y construir una Venezuela íntegra.
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— Christi Rangel G. (@LibertariaUla) August 19, 2020