La Coalición Anticorrupción exige a las autoridades respuesta a la escasez de insumos de bioseguridad y medicamentos para contener la pandemia, y a las fallas en el suministro de servicios públicos esenciales como agua, electricidad y combustible que se han acentuado durante la cuarentena
Transparencia Venezuela, 7 de abril de 2020. Desde que el Gobierno nacional informó al país, el 13 de marzo de 2020, sobre los primeros casos de contagio por el COVID-19, hasta el 4 de abril se ha reportado un solo caso positivo en el estado Mérida, el cual fue anunciado el 16 de marzo en cadena nacional. El Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA) y el Hospital Hugo Rafael Chávez Frías, ubicados en las ciudades de Mérida y El Vigía, respectivamente, son los centros centinelas para atender la contingencia.
De igual manera, se designó a los galenos Ramón Nieves, director regional del Ivss, e Indira Briceño, directora del IAHULA, como voceros para informar sobre el avance de la pandemia. No obstante, los reportes diarios de las autoridades dejan más interrogantes que respuestas.
Desde principios de 2020, el personal directivo del IAHULA ha intentado prepararse para enfrentar la emergencia. Sin embargo, es conocida la delicada situación en que se encuentra este importante centro de salud desde hace algunos años, por la falta de mantenimiento, insuficiencia de insumos, el mal estado de los equipos y la masiva migración de personal especializado.
Pedro Fernández, representante de Médicos Unidos de Venezuela en la región, afirma que el IAHULA cuenta con un plan de contingencia y que han organizado zonas de aislamiento y toma de muestras, han entrenado al personal y planificado los horarios de atención adecuados. Sin embargo, al galeno le preocupa que gran parte de los esfuerzos se han concentrado en solventar algunas de las deficiencias que se habían denunciando con anterioridad: reparación de algunas unidades, carga de combustible en los vehículos o dotación de insumos mínimos. Según dijo, estas acciones no representan un “plan gerencial” para cuando se tenga que enfrentar la crisis que ya presentan otros países del continente por el rápido aumento de contagios y decesos, escenario para el que considera “no estamos preparados”.
El representante de Médicos Unidos comentó que si bien gran parte de la población ha acatado la cuarentena social, aún se observa a muchas personas en las calles, con los riesgos que ello implica. Por otro lado, agregó que aunque el Laboratorio de Microbiología de la Universidad de Los Andes ya fue autorizado para realizar pruebas de detección del virus, no hay acceso a la información sobre el retraso en la dotación de insumos para el test de detección rápida, su procesamiento y resultados.
Cuarentena cuesta arriba
A este panorama se suma la deficiencia en los servicios públicos que padecen los habitantes desde años atrás y que se han agravado con la pandemia. La Coalición Anticorrupción, movimiento del que forman parte más de 30 organizaciones de la sociedad civil merideña, ha publicado dos cartas abiertas para solicitar a las autoridades respuesta a estos problemas. La primera dirigida al protector del Estado, Jehyson Guzmán, responsable del suministro de gas doméstico, se publicó el sábado 21 de marzo; mientras la referida al suministro de agua potable se envió a las autoridades de la empresa intervenida Aguas de Mérida, el miércoles 25. Las interrogantes en torno a las fallas en ambos servicios no han sido respondidas.
Los merideños han tenido que exponerse en aglomeraciones para obtener una bombona de gas o surtirse de agua para satisfacer sus necesidades y, además, cumplir con una de las principales medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, que es el lavado constante de manos con agua y jabón.
El suministro de energía eléctrica sigue siendo deficiente e inestable, con apagones e interrupciones diarias no programadas que en algunas zonas del estado sobrepasan las seis horas. Los cortes de energía afectan el servicio de agua en edificios y dificulta actividades educativas, laborales, de comunicación y recreativas que forzosamente se realizan en los hogares debido a la cuarentena social. El 18 de febrero, diversas organizaciones se hicieron eco de protestas de los usuarios por las irregularidades en el servicio y exigieron respuestas ante la Defensoría del Pueblo.
La escasez y racionamiento del combustible -que ya no es excluso de los estados Táchira, Mérida y Zulia- es otro factor que preocupa a la hora de enfrentar la pandemia de coronavirus. Antes del decreto de cuarentana, se observaban en toda la región largas filas de vehículos en espera, incluso de varios días, para poder surtir. Aunque ahora hay m menos tránsito de vehículos, la escasez de gasolina se ha agudizado, por lo que se han producido denuncias del personal de salud que se visto imposibilitado de trasladarse a sus sitios de trabajo y de productores agrícolas cuyas cosechas están en riesgo de perderse por falta de combustible para cumplir con las actividades propias de los ciclos de cultivo y para el posterior traslado de los rubros a los mercados y centros de distribución de alimentos.
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