Transparencia Venezuela, 7 de agosto de 2020. El creciente reporte de médicos y otros trabajadores de la salud contagiados y fallecidos por COVID-19 ha encendido las alarmas sobre la falta de dotación de equipos de bioseguridad en los centros hospitalarios venezolanos para atender la pandemia, como consecuencia del impacto de la corrupción en el sector. Este y otros temas fueron analizados en el foro virtual “Derechos Humanos en el Contexto del Covid-10” realizado el 6 de agosto, a través de la plataforma WhatsApp, por iniciativa de organizaciones civiles de los estados Mérida y Táchira que forman parte de la Coalición Anticorrupción.
A la actividad promovida por el Observatorio Andino de Derechos Humanos (Mérida y Táchira), Médicos Unidos de Venezuela (capítulo Mérida) y Proyecto 860 (Táchira), entre otras organizaciones, se conectaron 210 participantes de distintos puntos del país.
En su ponencia, el galeno Pedro Fernández, profesor de la Universidad de Los Andes (ULA) y coordinador de Médicos Unidos de Venezuela capítulo Mérida, expuso que la transparencia en el manejo de recursos en el contexto de la emergencia sanitaria no solo implica lo relacionado con el manejo de presupuesto e insumos, sino también la información, planificación y el recurso humano. “Se trata de información en tiempo real sobre los responsables de la contratación, de dónde vienen y hacia dónde van los recursos, aunado a crear mecanismos anticorrupción para atender la pandemia. Sin embargo, en Venezuela no hay plan de gastos detallados y las pocas referencias de las autoridades son generales y hasta contradictorias. Esta rendición de cuentas es fundamental para brindar seguridad y confianza en las medidas para fomentar así la corresponsabilidad ciudadana”.
Por otra parte, el abogado Reinaldo Avendaño, co-director del Observatorio Andino de DDHH, refirió que el derecho a la salud aplica a todos e “incluye al personal del sector, que puede verse excluido por la misma función que cumple”. Argumentó que no hay un marco jurídico para situaciones de pandemia, pero la situación global se puede equiparar con lo establecido en el Pacto de Ginebra y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (1966). “El artículo 12 destaca la obligación del Estado de mejorar las condiciones de higiene en el ambiente de trabajo del área médica y sus relaciones laborales, con énfasis en la prevención de enfermedades endémicas y epidémicas”.
De igual modo, señaló que en Venezuela, los artículos 83 y 84 de la Constitución y la Ley Orgánica de Salud son el marco jurídico vigente, cuyo cumplimiento “está en franca violación. El sector salud no cuenta con la protección para ejercer su labor, expone su vida, integridad e incluso se han reportado situaciones de discriminación y segregación”.
Emergencia en emergencia
Cerró las ponencias el doctor Simón Peraza, especialista en Anatomía Patológica y docente de postgrado en el Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal “Dr. Luis E. Anderson San Cristóbal”, del Táchira, quien destacó que se ha demostrado que el COVID-19 “favorece la pandemia de la corrupción. El virus recorre Latinoamérica y hay evidencia de corrupción por reparto irregular de ayuda y compras sobrevaloradas, es decir, la falta de transparencia de las adjudicaciones está presente”.
“Según el Índice de Percepción de Corrupción publicado por Transparencia Internacional, Venezuela es el país más corrupto de América Latina y el Caribe. La pandemia toma a Venezuela en la peor etapa de la historia en cuanto a la calidad de los servicios públicos sanitarios. El país se debate entre corrupción, pobreza, injusticia y falta de asistencia médica o una asistencia en condiciones deplorables”, expresó.
Ante esta realidad, el especialista afirmó que se requiere de ayuda humanitaria. “La Universidad John Hopkins y Human Rights Watch han advertido que los sistemas de salud venezolanos no están preparados para combatir la pandemia y que va a producir riesgos de salud para la población, además de contribuir con la propagación regional de la enfermedad debido a las fallas en insumos básicos como guantes, alcohol, tapabocas, agua potable, jabón entonces cómo quedan los equipos de alta tecnología, las unidades de cuidado intensivo”.
El personal del sector que participó en el foro reflexionó sobre el poco interés del Estado en capacitar al personal de salud. Consideran que la politización del tema vulnera los derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores, y lamentaron que “los médicos tengan que organizarse para garantizar su protección y leer a diario como aumentan las cifras de fallecimientos en ese gremio”.
Surgieron recomendaciones como hacer registros diarios de ingresos y egresos, que los casos diagnosticados sean transmitidos a los Colegios de Médicos y Médicos Unidos de Venezuela, así como garantizar transporte exclusivo para el traslado del personal de salud.