Transparencia Venezuela, 27 de julio de 2020. Con el objetivo de “propiciar un espacio de rendición de cuentas e intercambio de información sobre alternativas de participación en el actual contexto” entre los parlamentarios y la ciudadanía a la cual representan, el martes 21 de julio de 2020 se realizó el foro “Diálogo entre los diputados y la sociedad civil del estado Mérida”. La actividad virtual se desarrolló de 4 pm a 5:30 pm., a través de la plataforma Zoom.
El panel tuvo como invitados a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Mérida Carmen Sivoli, integrante de la Comisión Permanente de Familia; y William Dávila, representante de la Comisión de Política Exterior de la AN y presidente de la Comisión Internacional de Parlasur. La sociedad civil estuvo representada por voceros de organizaciones del sector salud, educación, derechos humanos y otras que forman parte de la Coalición Anticorrupción, para un total de 15 participantes.
La agenda se desarrolló conforme a dos puntos: Rendición de cuentas del primer semestre de 2020 por parte de cada diputado, e intercambio con miembros de la sociedad civil sobre alternativas de acción ciudadana para el segundo semestre del año.
Sobre el primer tema, las interrogantes sugeridas se centraron en indagar sobre la cantidad de personas que son parte de los equipos de trabajo, declaración patrimonial, proyectos de leyes presentadas o aquellas que han apoyado; participación en eventos con ciudadanos de la sociedad civil y vinculación a acciones de seguimiento tanto hacia el gobierno, tanto el de Nicolás Maduro como el interino. De igual modo, se inquirió sobre denuncias recibidas, protestas, solicitud de ayudas y su gestión frente a éstas y metas de su gestión para los próximos meses, entre otros temas.
El intercambio con los participantes inició con una serie de preguntas dirigidas a hacer seguimiento a demandas ciudadanas, tal es el caso de los feminicidios registrados en Mérida en enero de 2020, así como el deterioro de los servicios públicos que se experimenta en la entidad andina y su impacto en la salud mental de los ciudadanos. Otras intervenciones referían a las condiciones institucionales para participar en elecciones parlamentarias y las alternativas de la sociedad civil para sumarse a iniciativas, hacer propuestas e incluso seguimiento a la actividad parlamentaria y a la ayuda humanitaria que se recibe.
Con especial énfasis se reflexionó sobre la existencia o no de un plan post electoral, donde la justicia transicional es fundamental para garantizar investigación, sanción, reparación a las víctimas y la no repetición de violación a los derechos humanos. Finalmente, las organizaciones presentes compartieron su voluntad de participar activamente en las diferentes comisiones y conforme a su experticia colaborar, hacer seguimiento y contraloría.
La Coalición Anticorrupción es un movimiento de alcance nacional, con presencia en 18 estados y el respaldo de más de 660 organizaciones civiles, que impulsa las 12 acciones imprescindibles e impostergables del mandato de la sociedad a los líderes políticos para construir Venezuela íntegra y libre de corrupción.