Organizaciones civiles que integran la Coalición Anticorrupción exigieron a la oficina regional del CNE y a la empresa Coremer, informar sobre sus actuaciones luego del uso de la Plaza de Toros de la ciudad para actos proselitistas del Psuv y la movilización de sus activistas en autobuses del Estado
Coalición Anticorrupción, 16 de noviembre de 2022. Al menos una docena de organizaciones de la sociedad civil del estado Mérida que forman parte de la Coalición Anticorrupción, suscribieron las peticiones de información pública dirigidas a José Gregorio Ruiz, director de la oficina regional del Consejo Nacional Electoral (CNE); y a Sharif Aisami, presidente de la empresa Complejo Recreacional de Mérida (Coremer), acerca del presunto uso de fondos y bienes públicos en actividades de carácter electoral o proselitista del partido de gobierno.
Christi Rangel y Rita Coello, coordinadoras de Transparencia Venezuela y de la Coalición en la región, explicaron que esta acción cívica está amparada en el derecho al acceso a la información pública consagrado en la Constitución Nacional. La misma, refiere al reciente acto de juramentación de activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en las instalaciones de la plaza monumental “Román Eduardo Sandia”, que está bajo la administración de Coremar, empresa adscrita a la gobernación merideña.
En el oficio entregado el miércoles 16 de noviembre en las oficinas del ente electoral, citan una nota publicada por el Psuv en la que destaca que la actividad realizada el pasado jueves 3 implicó la movilización de integrantes de las estructuras de base de los 23 municipios de la entidad, quienes se concentraron en las inmediaciones de la Av. Alberto Carnevali y Los Próceres. Afirman que en el lugar se observaron buses Yutong del sistema de transporte dependiente de instancias del sector público.
En el documento indagan sobre las acciones que ejecuta el CNE regional para velar por el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico en relación con el origen y manejo de los fondos de las organizaciones con fines políticos. Además, piden conocer si se ha iniciado algún procedimiento o investigación por el uso de bienes públicos para favorecer una parcialidad política.
Uso indebido
En la petición consignada en las oficinas de Coremer, se interroga a su presidente acerca de la figura mediante la cual se acordó permitir la utilización del coso taurino y su estacionamiento para el mismo acto proselitista. De igual modo, solicitan información sobre las normas y tarifas previstas para el uso de dicho espacio.
Los representantes y activistas de las ONG que acompañaron la entrega de las peticiones, recordaron que el financiamiento de asociaciones políticas con fondos públicos “es contrario a lo previsto en el artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 14 de la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción, sobre el uso indebido de bienes del patrimonio público”.
Rangel y Coello destacaron que la iniciativa se basa también en las 12 acciones del Mandato que impulsa la Coalición Anticorrupción, en particular las número 1 (Rechazar con un no rotundo todo acto de corrupción), la acción 11: Exigir que los órganos de control administrativo actúen con eficacia y justicia ante la corrupción; y la 12: Constituir estructuras institucionales que garanticen la probidad y la transparencia de los procesos electorales. Las representantes de Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción estuvieron acompañadas por Yolima Arellano, del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres; Verónica Colina, de la ONG Todos por la Educación; y Argeno Prat, de Creemos Alianza Ciudadana-Merida. También asistieron María de los Ángeles Pérez, periodista del Observatorio de los DDHH de la Universidad de los Andes (ULA), Valeria Castro, reportera del medio digital Comunicación Continua; y Angélica Ángel, líder estudiantil de la ULA.
