Nosotros, representantes y activistas de la sociedad civil zuliana, proclamamos un compromiso individual y colectivo con la lucha contra la Gran Corrupción, que causa violaciones de derechos humanos, desangra a la nación y destruye los últimos restos de la democracia venezolana.
Convencidos de que las exigencias ciudadanas frente a la grave emergencia humanitaria que sufre el país están indisolublemente unidas a la recuperación del estado de derecho, nos sumamos a los esfuerzos de cientos de organizaciones civiles para articular acciones que promuevan la probidad en la función pública, al tiempo que impulsen el fin de la impunidad por los delitos de corrupción que han dejado a Venezuela sin la capacidad material para evitar el sufrimiento y la muerte de miles de personas en el caos de los servicios de salud, la imposibilidad del ejercicio del derecho a la alimentación o la desprotección de sus libertades fundamentales.
El estado Zulia, una región fronteriza sensiblemente afectada por la crisis de todos los servicios públicos y el ascenso del crimen organizado que azota gran parte de nuestra vida cívica y económica, es una prueba a gran escala de cómo la corrupción y la impunidad pueden degradar sistemáticamente las condiciones esenciales para la existencia de una sociedad trabajadora, emprendedora y amante de la convivencia en paz.
La presencia de organizaciones delincuenciales que acaba con las garantías de seguridad y actúan desde la frontera con Colombia hasta el corazón de dinámica urbana en el estado Zulia, parecen gozar de la anuencia de los gobernantes y de las fuerzas del orden, envileciendo aún más a funcionarios y entes del sector oficial.
Al denunciar la ineficiencia de los poderes públicos nacionales y regionales para evitar la degradación de las instituciones republicanas, sumamos nuestras voces y las más amplias voluntades para construir esta iniciativa de todos los venezolanos de bien que se encarna en la Coalición Anticorrupción.
Manifestamos un firme acuerdo para multiplicar el respaldo entusiasta a las 12 acciones del Mandato Anticorrupción como plataforma común para llevar adelante, desde el ámbito de la sociedad civil, las causas de la ética pública y del restablecimiento de la responsabilidad gubernamental en la administración de los recursos del Estado.
En Maracaibo, capital zuliana, suscribimos hoy 7 de febrero de 2020 este gran compromiso y aceptamos los retos inherentes a la lucha cívica nacional contra la corrupción en todas sus formas y dimensiones.