Organizaciones civiles de la Coalición Anticorrupción lideran la lucha para garantizar los derechos de los ciudadanos en el marco de la cuarentena
Transparencia Venezuela, 7 de abril de 2020. En el marco de la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19, las organizaciones civiles del estado de Lara que forman parte de la Coalición Anticorrupción han estado activas en la exigencia a los gobernantes de la región para que garanticen la prestación continua de los servicios públicos a los ciudadanos.
Los enfermos renales protagonizaron varias protestas pacíficas para exigir respeto a su derecho a la vida y a la salud, que están en riesgo por la escasez de combustible para vehículos privados y por falta de transporte público para trasladarse a los centros de salud designados para el tratamiento de diálisis. Su lucha derivó en la privación de libertad del abogado defensor de los DDHH Henderson Maldonado, el martes 31 de marzo. La liberación del activista fue ordenada por el Tribunal Municipal Primero de Iribarren al día siguiente, primero de abril, bajo régimen de presentación cada 30 días, luego de una intensa campaña liderada por organizaciones de la Coalición que exigían su libertad. Las redes sociales se hicieron eco de esa exigencia, que se convirtió en tendencia nacional en Twitter.
Afortunadamente, producto de la presión ejercida por los enfermos renales y organizaciones de DDHH, la gobernación de Lara creo rutas de transporte hacia los centros de salud que administran servicios de diálisis en Barquisimeto.
Se trata de una práctica reiterada de intimidación contra los defensores de derechos humanos, para debilitar la protesta social ante el colapso total de los servicios públicos, declararon varios activistas de la Red de DDHH de Lara, entre ellos el sociólogo Nelson Freitez y los abogados Pedro Hernández, Lirio Terán, Nelly Cuenca y Manuel Virguez.
El problema de la gasolina continúa porque el gobierno solo ha ordenado su suministro a militares y altos funcionarios. De forma recurrente se divulgan vídeos e imágenes por las redes sociales, en los cuales se observa la extracción de gasolina de los vehículos oficiales con destino a bidones particulares, lo cual pondría en evidencia la venta ilegal de combustible, mientras que a la población se le niega. Esta es materia pendiente para la contraloría ciudadana, ante el incumplimiento del Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, de investigar y exigir ante el Poder Judicial el establecimiento de la responsabilidad penal de quienes se lucran con el tráfico ilegal de gasolina, haciéndose manifiesta la negligencia de la Defensoría del Pueblo para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
Además de la falta de gasolina, el colapso de otros servicios como los continuos y prolongados cortes de luz sin aviso previo a la ciudadanía, la falta absoluta de agua potable en los sectores más humildes, la hiperinflación desatada y la opacidad del gobierno para informar sobre la situación real de los recursos para atender la pandemia del COVID-19, generan constantes protestas de las comunidades, que ahora son reprimidas por las medidas dictadas en el marco del Estado de Alarma, decretado por Nicolás Maduro. No obstante, las redes sociales dan cuenta del descontento social y de las dificultades para cumplir con el régimen de prevención sanitaria, limitado fundamentalmente al aislamiento social, sin garantía de servicios públicos de agua, energía eléctrica, tratamiento para pacientes crónicos, entre otros, que hagan posible cumplir el confinamiento en condiciones mínimas de dignidad.
Frente a esta contingencia sanitaria, la Coalición Anticorrupción ha acompañado peticiones a los gobernantes para que respondan con transparencia y rindan cuentas sobre los recursos disponibles para atender la pandemia del COVID-19. A tales efectos, se ha redactado una solicitud dirigida a la presidencia de la República, gobernación del estado Lara, a los alcaldes de sus nueve municipios, a la Defensoría del Pueblo y al Consejo de Planificación y Políticas del estado Lara, para que cumplan con el artículo 141 de la Constitución de informar a los ciudadanos, sobre la disponibilidad de recursos para atender la pandemia del coronavirus. En la comunicación se plantean interrogantes como:
- ¿Con cuántas camas de cuidados intensivos (UCI) con equipos de soporte respiratorio y hemodinámico se cuenta en Lara y en qué centros de salud están ubicadas?
- ¿Se ha dotado de equipos de bioseguridad al personal médico, de enfermería, obreros y administrativos, para qué puedan atender pacientes con coronavirus, sin arriesgar su salud y su vida?
- ¿Cuáles medidas se han tomado antes la total escasez de gasolina, para el transporte del personal de salud y pacientes? La información que se tiene es que solo hay gasolina para los militares y altos funcionarios de gobierno. En teoría se autoriza el suministro de gasolina a los médicos, pero en la práctica se les niega y son vejados por los militares a cargo de las estaciones de servicios.
No basta militarizar el país, es necesario que los distintos gobiernos garanticen los servicios públicos necesarios para prevención y tratamiento del COVID-19. Sin agua, sin gasolina para transporte, sin alimentación y sin energía eléctrica, es imposible cumplir el régimen de prevención como debe ser. Lara ha sido ejemplo de asociatividad, solidaridad y capital social, puesta al servicio del bien común. Las luchas del sector salud, no serán la excepción
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