Desde hace más de cinco siglos la justicia es representada como una mujer con los ojos vendados, un brazo sostiene una balanza y en el otro una espada. Se asume que al no ver a las personas que va a juzgar no distingue entre ellas y aplicará a todo el mismo rasero. En Venezuela estas imágenes también se encuentran en la mayoría de las sedes de los tribunales y del Ministerio Público. Sin embargo, en el país la dama de la justicia no está ciega y no trata a todos por igual y así quedó claro a lo largo de 2018 durante la batalla contra la corrupción que el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, continuó.
A finales de 2018, el funcionario se jactó de haber conseguido que 1.116 personas fueran aprehendidas por su presunta vinculación con delitos contra el erario, de las cuales 96 eran directivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de sus empresas filiales.
“En total, desde nuestra llegada, hemos develado 18 tramas de corrupción que han costado al país miles de millones de dólares. Por estos casos, hay 96 funcionarios detenidos y cinco ya han sido condenados”, anunció en una rueda de prensa celebrada el 31 de noviembre, donde no desaprovechó para acusar a su antecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz, de ser cómplice de corruptos.
Lea más en el siguiente informe.
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