Los ataques del Poder Ejecutivo contra la Asamblea Nacional se agudizaron durante 2018. Además de continuar asfixiando a la institución y usurpando sus funciones y atribuciones, el gobierno de Nicolás Maduro emprendió una ofensiva que buscó neutralizar a los diputados opositores e incluyó cárcel, agresiones físicas y exilio.
Las decisiones legítimas y soberanas de la Asamblea Nacional fueron ignoradas y atacadas por el Ejecutivo Nacional de forma directa o a través del Tribunal Supremo de Justicia, el Sebin y la Constituyente.
Estas agresiones contra uno de los pilares del estado de derecho constitucional, datan desde el primer día de gestión del parlamento electo en 2015, pero se institucionalizó con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que desconoce a la Asamblea Nacional y habilita al Poder Ejecutivo para que pueda legislar en asuntos clave, sin contar con el aval del Legislativo y en el marco del Decreto de Excepción aún vigente y la imposición de la Constituyente.
Lea más en el siguiente informe.
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