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Mandato

EL MANDATO

01.
Mandato 01 

Rechazar con un no rotundo todo acto de corrupción



El compromiso es conocer y visibilizar el enorme avance e impacto de todas las formas de corrupción, para actuar e influir en la erradicación de este mal, que en esencia es el causante del daño y el sufrimiento de la población, sometida a las más brutales carencias, dejándola en el más profundo desamparo. El esfuerzo debe ser extraordinario para enfrentar un escenario en el que las instituciones fueron debilitadas y muchos funcionarios fueron corrompidos. Es imprescindible recuperar el Estado de derecho, una tarea significativa que requiere de la labor de múltiples sectores, así como promover cambios concretos en las personas para que actúen con ética en la defensa de lo público. Es un compromiso de cada ciudadano que integra esta coalición  capacitarse en temas de corrupción para entender con claridad esta problemática y ser un actor cabal en la lucha por erradicar este mal.

02.
Mandato 02 

La creación de un Sistema Especial Internacional de Justicia contra la Gran Corrupción


En Venezuela los casos que podemos calificar de Gran Corrupción se pueden identificar desde el 2003, cuando muchos comenzaron a sacar provecho del control de cambio, entre otros factores que impulsaron la creciente anarquía, lo que propició con el tiempo redes criminales con carácter trasnacional que han reportado ganancias formidables, dejando perplejos a los investigadores más avezados de varios países del mundo. La justicia está ausente frente este nivel de corrupción que terminó hundiendo a la  población en la miseria. Es indispensable exigir sanciones ejemplarizantes para quienes desfalcaron al país. En Venezuela no se cuenta con el necesario músculo institucional para investigar, procesar y sancionar la inmensa red de corrupción. Es necesario crear un Sistema Especial de Justicia contra la Gran Corrupción para la transición  con apoyo internacional, que actuaría contra los hechos de corrupción cometidos entre 2003 y 2020, mientras se fortalecen las instancias nacionales de justicia y seguridad. Entraría en vigencia a partir de su aprobación por parte de la  Asamblea Nacional.

03.
Mandato 03 

Construir un Sistema Nacional de Justicia Anticorrupción



Es indispensable establecer un Sistema Nacional de Justicia Anticorrupción para  adelantar acciones de investigación, procesamiento y sanción de los corruptos con independencia y autonomía, que cuente con la estructura, la capacidad así como con los equipos profesionales para afrontar los casos de corrupción genérica, donde no participan los altos funcionarios.

04.
Mandato 04 

Garantizar la separación de los poderes públicos



Es necesario recuperar  el imperio de la ley y el respeto a las instituciones. El combate al  crimen organizado y la corrupción se relaciona estrechamente con la  reconstrucción de Estado de derecho, principal elemento de un  sistema o política anticorrupción. En Venezuela es indispensable el pleno respeto al mandato de la Constitución Nacional que establece separación e independencia de los Poderes Públicos, lo que permitirá ir creando un Estado de justicia, paz y derechos.

05.
Mandato 05 

Fortalecer los órganos de seguridad



Los cuerpos de seguridad del Estado deben contar con instancias especiales anticorrupción, procesos transparentes, así como con personal seleccionado por sus méritos profesionales. Es necesario garantizar la inversión en materia de capacitación de los funcionarios,  para elevar su nivel de experticia y que, además,  cuenten con buena remuneración, así como con la tecnología necesaria para combatir a los grupos criminales organizados.

06.
Mandato 06 

Eliminar los incentivos a la corrupción



En Venezuela existen incentivos a la corrupción que ofrecen oportunidades de negocios ilícitos a redes criminales, como el control cambiario y el control de precios. Son políticas públicas vigentes por más de tres lustros y que-  según la propaganda oficial- beneficiarían a la población más vulnerable, pero en realidad han sido el aliciente para sustraer enormes cantidades de dinero, especialmente de Pdvsa. El subsidio a la gasolina o el de los alimentos, por ejemplo,  son el centro de un entramado de contrabando y negocios irregulares que corrompieron a los más altos  niveles del poder.

07.
Mandato 07 

Visibilizar la acción del crimen organizado y los riesgos de corrupción de los migrantes


Es necesaria la acción decidida, con respaldo internacional,  que frene el impacto del desplazamiento forzoso de miles de ciudadanos, obligados a abandonar Venezuela a raíz de la  crisis humanitaria compleja que tiene raíces fuertes en la corrupción. En otras naciones, los venezolanos indocumentados son víctimas fáciles del crimen organizado, que los considera “desechables” o los usan para el comercio sexual o trata de personas.

08.
Mandato 08 

Implementar el Gobierno Abierto



Todo acto y decisión pública debe ser transparente.  Para ello es indispensable asumir el Gobierno Abierto como un modelo de relación entre gobernantes y gobernados, para que el ciudadano participe en la toma de decisiones y en el seguimiento de las políticas públicas que se dicten.  Se trata de abrir los canales para que la población tenga acceso a la información sobre la gestión de sus autoridades, con datos abiertos y la tecnología necesaria, garantizando transparencia, rendición de cuentas e impulsando políticas anticorrupción.

09.
Mandato 09 

Renovar el marco legal e institucional



Es necesario ordenar la estructura legal, es decir, derogar muchas leyes, reformar otras y dictar nuevos instrumentos y normas. Con ello se busca debilitar las estructuras e incentivos que sostienen las redes de corrupción, fomentar la aplicación de sanciones y fortalecer la transparencia. Entre las leyes que hay que dictar se encuentran la Ley Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Protección de Denunciantes, de Recuperación de Activos, de Extinción de Dominio, de Delación Premiada, entre otras.
Entre instrumentos legales a reformar para incluir principios y prácticas anticorrupción están la Ley de Contrataciones Públicas, Ley de Contraloría, de contra la Corrupción, del Banco Central de Venezuela (BCV).
Todas las instituciones del Estado deben incorporar procesos de transparencia de rendición de cuentas y fortalecer procesos de protección anticorrupción y, crimen organizado; pero el trabajo más fuerte lo tienen las instituciones del Estado responsables de la seguridad y la justicia.

10.
Mandato 10 

Seleccionar funcionarios de acuerdo a su capacidad sin conflicto de interés y nepotismo


Es necesario rescatar la función pública, privilegiando la experiencia y profesionalismo por encima de criterios de otra índole. Formar parte de las instituciones del Estado no debe responder a conveniencias personales o políticas. A la hora de la designación del funcionario o del servidor público debe privar la evaluación de sus conflictos de intereses. También debe ser  erradicado el nepotismo, que tanto daño ha hecho al país.

11.
Mandato 11 

Exigir que los órganos de control administrativo actúen con eficacia y justicia


Venezuela requiere órganos de control que actúen decididamente en el combate a la corrupción, que estén profesionalizados, que funcionen en el marco de un sistema de respeto a su gestión e independencia en su actuación y que su legitimidad emane del cumplimiento de sus obligaciones, así como del apego a las disposiciones legales.

12.
Mandato 12 

Construir estructuras que garanticen la transparencia de los procesos electorales


La democracia y la calidad del sistema político y de representación están indisolublemente ligados a procesos electorales transparentes y confiables en todas sus fases, que garanticen el respeto a la voluntad de los ciudadanos en cuanto a la elección de sus gobernantes; claridad sobre el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, hojas de vida y trayectorias de candidatos, registros de proveedores, mecanismos eficientes de auditoría y  control previo y posterior, así como la promulgación de normas que favorezcan la integridad del sistema elección y la incorporación de compromisos anticorrupción a la oferta electoral. 

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