Venezuela bajo la lupa del Comité de Derechos Humanos de la ONU

Durante los días 10 y 11 de octubre, el Estado venezolano será evaluado, por quinta vez, sobre las medidas que ha implementado para cumplir y avanzar en las obligaciones de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) suscrito y ratificado por el país

Coalición Anticorrupción, 9 de octubre de 2023. Un panel de 18 expertos independientes en derechos humanos de diversas nacionalidades que conforman el Comité de Derechos Humanos (CCPR, por sus siglas en inglés), evaluarán los avances del Estado venezolano en el cumplimiento de las obligaciones y derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El examen, el quinto al que es sometido el país, tendrá lugar los días martes 10 y miércoles 11 de octubre, según información publicada por la organización Civiles Derechos Humanos.

El CCPR es el órgano creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de las Naciones Unidas, para supervisar la aplicación de los compromisos adquiridos por los Estados que han suscrito y ratificado el Pacto, como es el caso de Venezuela.

El Pacto protege los derechos civiles y políticos, instando a los países que lo han ratificado a garantizar, preservar y fomentar el progreso de estos derechos, entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad personal, los derechos a las libertades de expresión, reunión pacífica, asociación, pensamiento y religión, el derecho a la justicia y a la participación política en el marco de un Estado de derecho y una democracia plena, entre otros.

La última evaluación ante el CCCPR fue en abril de 2015, cuando se realizó el cuarto examen de Venezuela, luego de 14 años de retraso por parte del Estado venezolano en enviar información. En tanto que el quinto examen inició en 2021, luego de que el Estado enviara su informe, con un retraso de 4 años, pues debió presentarlo en 2018. Esto se traduce en 8 años durante los cuales el país no ha sido evaluado en materia de derechos civiles y políticos, advirtió Civilis.

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