Una valerosa madre de familia desafió las ambigüedades de la justicia venezolana, las amenazas y los abusos de poder, para hacer frente a un inquilino indeseable y a su cómplice, quienes hicieron de todo para tratar de arrebatarle su propiedad. Por su perseverancia, los denunciados se verán cara a cara con la esquiva, pero a veces implacable, “dama ciega”
Coalición Anticorrupción, 29 de junio de 2023. Para la gran mayoría de los venezolanos, enfrentarse a quienes detentan al menos una mínima cuota de poder representa una tarea titánica, a la que muchos renuncian sin siquiera intentarlo. Pero, no fue el caso de una mujer residenciada en un sector de Catia, al oeste de Caracas, quien se echó el miedo a la espalda y, asistida por el equipo de abogados de la oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia Venezuela, emprendió una valiente e incesante lucha para defender su patrimonio, proteger la integridad de sus hijos y la garantía de sus derechos.
Después de un tortuoso proceso que se inició en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, cuando la denunciante, a través de la aplicación móvil de denuncias Dilo Aquí, contactó por primera vez a ALAC, finalmente germinan los primeros resultados de un complejo repertorio de diligencias en fiscalías, tribunales e instituciones públicas en busca de la anhelada justicia.
El caso se remonta a inicios de la década del 2000, cuando, con la idea de obtener un ingreso extra, la mujer decidió alquilar un local ubicado en la planta baja de su vivienda. No imaginó las terribles consecuencias que esto le traería. El inquilino, un ciudadano de nacionalidad dominicana, convirtió lo que en un principio funcionó como una venta de repuestos para motos en un taller mecánico de estos vehículos. Entre su clientela había particulares y mototaxistas, pero también funcionarios policiales y miembros de grupos civiles oficialistas llamados “colectivos”.
Aliado con un ciudadano, que en ese entonces se desempeñaba como director de una Fundación Social del Gobierno, el hombre se valió de artimañas para mantenerse ilegalmente en el local. Amenazas y ataques convirtieron la vida de la mujer y de sus hijos en un verdadero infierno.
Como resultado de las acciones de ALAC, en octubre de 2021, un Juzgado de Control del Circuito Judicial capitalino acordó una medida de protección a favor de la víctima y de su grupo familiar, consistente en patrullaje vehicular constante, por un lapso de seis meses.
En los días siguientes se consignaron los documentos exigidos, como pruebas de la propiedad de la denunciante sobre el inmueble, un elemento clave dado que el funcionario de la Misión Negra Hipólita intentó adueñarse del local y de la casa, alegando que “el gobierno se los regaló”. En noviembre de ese año, la afectada, con acompañamiento del equipo jurídico de Dilo Aquí, acudió a la presidencia de la institución para solicitar información requerida por la Fiscalía a cargo del caso, relativa a la certificación de cargo, acta de juramentación y ubicación administrativa del funcionario señalado por la víctima como cómplice de las arbitrariedades de su inquilino. El oficio fue recibido.
A falta de respuesta, en una nueva gestión, en febrero de 2022, ni recibieron el oficio emanado de la Fiscalía ni entregaron la información requerida. Sin embargo, luego de insistir en varias oportunidades, la fundación emitió la constancia solicitada, donde se demuestra la calidad de funcionario público del presunto coautor de los abusos cometidos por el denunciado. Este documento se convirtió luego en una importante prueba para el caso.
Un mes más tarde, se supo que un tribunal con competencia en ambiente dictaminó que el “inquilino indeseable” incumplió las condiciones de las que dependía la suspensión del proceso penal, que se inició a raíz de otra denuncia en su contra por delitos ambientales relacionados con el funcionamiento del taller improvisado. En abril se presentó el caso al ministerio de Ecosocialismo, que a su vez lo remitió a la Guardería Ambiental y de ésta pasó a manos de Control Urbano de la Alcaldía de Caracas.
La alegría por este avance en el caso duró poco. El 12 de julio, el mismo tribunal ordenó archivar el expediente debido a la omisión en la que incurrió el fiscal con competencia en materia ambiental, al no presentar el acto conclusivo en el lapso legal estipulado para ello. En virtud de la previa admisión de los hechos, por parte del sujeto que arrendó el local, el acto debió consistir en la acusación de este. No obstante, el fiscal señaló al equipo de Dilo Aquí que nunca fue notificado de la decisión del tribunal que declaró el incumplimiento.
Se denunció el retardo procesal ante la Inspectoría de Tribunales, quien constató que el tribunal notificó la decisión sobre el incumplimiento al fiscal. En consecuencia, unos días después se denunció al funcionario ante la Dirección de Inspección y Disciplina del Ministerio Público por no presentar el acto conclusivo del caso, obstaculizando con ello la justicia.
Los resultados desfavorables, que superaban con creces las pequeñas victorias que obtenía la víctima, lejos de desalentarla le infundieron más ánimo para perseverar en su lucha. La firmeza con la que asumió el reto de enfrentar el abuso encontró eco en el cuestionado sistema de justicia venezolano, que, al menos en este caso, daría señales de que no todo está perdido y que tampoco es una quimera el refrán popular que reza “la justicia tarda, pero llega”.
Respuestas a cuenta gotas
Después de más de una década de buscar justicia, finalmente, a mediados de 2022, la “dama ciega” comenzó a actuar en favor de la víctima. El 28 de junio, la Fiscalía a cargo del caso imputó al exfuncionario implicado por los delitos de “alardeamiento” o valimiento de relaciones o influencias, previsto en la Ley Contra la Corrupción; y por agavillamiento, previsto y sancionado en el Código Penal. Menos de un mes después, imputó por los mismos cargos al abusivo inquilino.
Después de esa decisión, transcurrieron unos meses de relativa calma, pero el 14 de septiembre las agresiones arreciaron. La dirección de Control Urbano del municipio Libertador ordenó la paralización de actividades del taller, en el local situado en la propiedad de la denunciante. Desde ese día el comportamiento del inquilino se hizo más hostil y, en represalia, comenzó a reparar las motos en la acera y frente a la puerta de acceso de la familia afectada. Las acciones de amedrentamiento continuaron escalando, y el denunciado se atrevió a realizar rituales de santería, que incluyeron un sacrificio animal, en el lugar.
El 27 de septiembre se tramitó ante una Fiscalía Contra la Corrupción una nueva medida de protección, pues la otorgada previamente venció sin haber sido cumplida por los cuerpos policiales comisionados para ello.
La peregrinación por fiscalías y juzgados continuó en los meses siguientes. Gestiones para obtener una nueva orden de protección, denunciar violencia contra la mujer, solicitar evaluaciones psicológicas e introducir dos nuevas querellas en nombre de la denunciante, entre otras, engrosaron el expediente del caso.
El 15 de noviembre de 2022, la Fiscalía encargada del caso presentó acusación contra los dos denunciados, por los mismos delitos que les fueron imputados, y Dilo Aquí hizo una solicitud de reconocimiento de la cualidad de víctima de Transparencia Venezuela y de la denunciante, así como de una nueva medida de protección a favor de ésta y de su familia.
Finalmente, el 24 de enero de 2023, el Tribunal de Control emitió dos decisiones. En una de ellas, declaró inadmisible la querella de Transparencia Venezuela, al no reconocer su cualidad de víctima; pero en la otra declaró con lugar la solicitud de medida de protección en favor de la víctima y su entorno familiar.
Culpables o no
Las buenas nuevas continuaron el primero de febrero, cuando se celebró la audiencia preliminar en el Tribunal de Control. El equipo jurídico de ALAC solicitó, entre otras cosas, una medida cautelar para el cese total de actividades en el local propiedad de la víctima. En el acta de dicha audiencia, se dejó constancia de que la juez ordenó la apertura a juicio oral y público en la causa seguida en contra de los acusados por los delitos ya mencionados.
Aunque el juez negó la petición de medida de privación judicial de libertad, les impuso a ambos medidas cautelares sustitutivas, por lo que cada 3 días deben asistir a la Oficina de Presentaciones del Circuito Judicial Penal. Además, tienen prohibición de salida del país y de acercarse a la víctima, a su entorno familiar y al inmueble, así como de seguir con la actividad en el local comercial propiedad de la denunciante. Se emplazó al Ministerio Público para que sea garante del cumplimiento de la medida de protección acordada.
En conclusión, el tribunal dictó auto de apertura a juicio, en el que se admite totalmente la acusación y la calificación jurídica formulada por el Ministerio Público. Eso significa que el sistema de justicia reconoció que existen méritos suficientes para que el inquilino y su cómplice, exfuncionario público, respondan a las acusaciones de la persona a la que han hostigado, agredido y amenazado por más de una década.
Al día, de hoy estamos a la espera de la realización de la audiencia de juicio, la cual estaba pautada para el día 20 de junio de 2023, pero fue reprogramada. En esa instancia del proceso tendrá lugar el debate probatorio y, finalmente, se decidirá si los denunciados son condenados o absueltos o si se declara el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, el solo hecho de que sean llevados ante la esquiva, pero a veces implacable “dama ciega”, es un logro memorable en un país donde la desconfianza en las instituciones es proporcional a la corrupción enquistada en los distintos niveles del poder, de lo cual no escapa el judicial.
