Los intentos de desalojo de un local comercial familiar han dado lugar a una disputa que se ha extendido por más de una década, en la que se han registrado agresiones, irregularidades, abusos y amenazas de parte del director de un ente público, funcionarios judiciales y agentes de diferentes organismos de seguridad contra los propietarios del inmueble
Coalición Anticorrupción, 1 de noviembre de 2021. El título del clásico de la literatura y del cine que recrea la vida del agente Elliot Ness pudiera calzar como título de esta historia. Solo que en lugar de funcionarios íntegros que buscaban llevar a la cárcel a uno de los criminales más perseguidos del siglo pasado, al mismísimo Al Capone, en este drama de la Venezuela del nuevo milenio, los roles se invirtieron y “Los intocables” son quienes, abusando del poder tras una placa o un cargo público, han sometido a un verdadero suplicio a una familia que hoy vive temerosa de perder mucho más que la tranquilidad y la propiedad que pretenden arrebatarle. El caso corresponde a una de las más de 956 denuncias de corrupción recibidas a través de la aplicación móvil Dilo Aquí desde 2020, en medio de la pandemia.
El inmueble en cuestión está ubicado en la primera planta de la vivienda que ocupan los afectados. Tanto el terreno como la casa son producto de una herencia. “Es nuestro único patrimonio. Mi esposo y yo hemos invertido nuestras prestaciones, todos nuestros ahorros desde hace más de 20 años, en ampliarla y mejorarla”, contó la protagonista de este enmarañado episodio.
Con la finalidad de obtener un ingreso extra, alquilaron el espacio a Richard Buttens Berihuetes, ciudadano de nacionalidad dominicana que lo utilizaría para montar una venta de repuestos para motos. Todo iba bien hasta que el negocio se convirtió en un taller para reparación y mantenimiento de vehículos de dos ruedas, que hoy ocupa las dos aceras de la calle. “Desde 2007 se le está pidiendo el desalojo, pues además de esto, la casa está en alto riesgo por filtraciones internas. La alcaldía levantó los informes, pero no puedo hacer los trabajos hasta que el local esté desocupado. En todo momento se ha negado, pese a que se le han dado varios plazos para hacerlo”.
La situación fue escalando y para febrero de 2012 el inquilino tenía más de seis meses sin pagar la renta. Un año antes fue notificado judicialmente de la orden de desalojo, pues para ese entonces mantenía una deuda de 8 millones de bolívares. Ante la negativa del sujeto de acatar la medida y desesperados por la situación, decidieron soldar las rejas del negocio y acudieron a la dirección de Inquilinato, de donde fueron referidos a tribunales por tratarse de un local comercial.
Con el tiempo, el local se había convertido, junto con una “licorería” de la zona, en un sitio frecuentado por efectivos de diferentes cuerpos de seguridad, funcionarios e integrantes de los llamados “colectivos” (grupos armados irregulares afectos al gobierno) que reparaban allí sus motos. Su cierre provocó la ira de un alto funcionario de la Fundación Negra Hipólita de nombre Wilfredo Rodríguez, a quien el inquilino había colocado como fiador en el contrato de arrendamiento. “Este señor se cree amo y señor de la zona. Constantemente se presentaba en mi casa con la excusa de pagar y grababa todo con un celular. En la demanda afirmaron estar al día y presentaron cheques de gerencia falsos, depositados a la cuenta de mi hijo más pequeño, que para esa fecha era menor de edad. Yo nunca vi esos cheques y, de hecho, mi firma no aparece en el expediente”, apuntó la víctima.
Una vez que la familia cerró las puertas del taller, se presentaron en el lugar dos empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). En esa conversación se acordó reabrir el local y le dieron al inquilino, mediante un acuerdo oral que él aceptó, otros seis meses para desalojar. Tras cumplirse el lapso, en febrero de 2013, siguió negándose a desocupar. Los afectados decidieron insistir en la denuncia sin imaginar que esto desencadenaría una serie de eventos violentos que incluyen agresiones físicas y hasta amenazas de muerte.
“Un día, un hombre tocó a la puerta y dijo que era del servicio eléctrico. Confiada, bajé y abrí, fue entonces cuando me di cuenta que era un funcionario policial asiduo al local. Entró a la fuerza y estando en el pasillo me puso una pistola en la cabeza. Amenazó con matarme si no firmaba un documento de compra-venta de la propiedad y retiraba la denuncia. Estaba sola con mi hijo de condición especial. Me negué a firmarlo y pedí ayuda a gritos. El vecino Manuel De Sousa, alias ‘Maleco’, dueño de la licorería ubicada al frente, fue testigo del hecho, pero lo que hacía era reírse. Él y los funcionarios policiales que se reúnen en esa casa son cómplices de la componenda para quitarnos la casa. Ese negocio ha sido denunciado varias veces, pues allí abrieron un pool, venden licor y otras cosas ilegales. Pero esa casa es intocable”, relató la mujer.
Suplicó que no la mataran y, para salvar su vida, ofreció retirar la denuncia. Sin embargo, ante la gravedad de lo ocurrido y que no era el primer evento en el que estaba en peligro su integridad y la de sus hijos, se comunicó de nuevo con la DEM, donde había un expediente abierto, al igual que en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Inexplicablemente nada ocurrió. No hubo citaciones y mucho menos detenidos por el caso. Los intentos de dos funcionarios de la DEM de ayudarla no condujeron a nada, por el contrario, arreciaron las amenazas y las agresiones. El desalojo tampoco prosperó, pese a que en el local hubo un allanamiento donde encontraron partes de una moto desvalijada que pertenecía a un funcionario policial asesinado.
La víctima asegura que los casos se caen porque opera una red en la que están involucrados policías, funcionarios de tribunales y del gobierno, delincuentes y colectivos. “Son las personas que están al acecho. También hay complicidad de vecinos que tienen comercios y corrupción de funcionarios del CICPC, quienes le han pasado toda la información al denunciado”.
“Hemos intentado todo, control urbano e incluso violencia contra la mujer, pero los casos se duermen. Hacen lo que quieren impunemente. Hay funcionarios buenos y malos, pero los que se sirven del local lo que hacen es apoyar al inquilino y arremeter contra nosotros. Entre ellos hay agentes de la Policía Nacional Bolivariana, CICPC y de la DEM”, agregó con amargura.
El último recurso
La denunciante supo de la plataforma Dilo Aquí por una vecina de la zona que ha sido testigo de todo y había denunciado, tanto al inquilino y su taller como al dueño de la licorería, ante la Fiscalía de Ambiente y el Tribunal Séptimo de Control de Ambiente debido a los escándalos que se arman y por hacer los trabajos de mecánica en plena calle. “Ella me dijo que ahí me iban a ayudar. Los contactamos en 2020 y nos han atendido. Ya no sabíamos a quién recurrir para obtener justicia y para que nos protejan”.
Pese a las amenazas y a los intentos de soborno, hay personas del sector dispuestas a dar su testimonio a favor de los denunciantes y así lo hicieron durante las gestiones adelantadas por el equipo de Dilo Aquí en la Fiscalía Séptima con Competencia contra la Corrupción.
“No me importa que sepan que los estoy denunciando porque es la verdad. En todas las instancias donde hemos acudido, como la Fiscalía 90 y el Tribunal Séptimo de Control del Área Metropolitana de Caracas, nos dicen que esperemos, pero no actúan. Al parecer, compran a quien sea”, afirmó la víctima.
El inquilino, a quien le fue emitida una orden de detención, le habría traspasado sus bienes al funcionario de Negra Hipólita, quien, en una de las actuaciones, en junio de 2019, esgrimió el documento como “prueba” de sus derechos sobre el local. Según la denunciante, llegó a afirmar que el gobierno se lo había regalado. “Eso es imposible porque tenemos los documentos de propiedad de la casa y del terreno. Yo temo por la vida de mis tres hijos y de la mía, pero no se pueden quedar con mi casa, esos es una herencia y es nuestro único patrimonio”.
Señala que como familia se han visto gravemente afectados. Sus hijos trabajan a distancia por la cuarentena, pero los constantes bullicios y amenazas les impide cumplir sus labores. Además, dice que le colocan obstáculos frente a la puerta y que ha reportado en varias oportunidades al consejo comunal que instalan mesas de dominó para impedirles el paso.
“Quiero que nos den protección. Cada vez que denuncio toman represalias contra el menor de mis hijos. La última vez, en septiembre de 2020, le fracturaron la mandíbula y cuatro motorizados lo arrastraron por el pavimento. También han intervenido delincuentes que amenazaron con asesinarlo y lanzarlo al río Guaire o a Los Chorros. Él tiene una condición especial, por eso cuando sale se meten con él, lo insultan y lo agreden. La esposa de un comisario nos atacó a mí y a mi hija y dijo que nos iban a sacar como unas ratas de nuestra casa. Ya no aguantamos más”, relató la mujer.
Pese a sus temores, reiteró que no están dispuestos a perder el único sitio que tienen para vivir y en el que han invertido todo. “Esta es la propiedad de una familia, pero ahora con este gobierno el dueño de casa es el que se antoje. Estamos indefensos, la justicia nos da la espalda y apoya al que tiene poder o al que paga. Tampoco la vamos a vender, nuestro patrimonio está en la casa, solo que nunca imaginamos que íbamos a tener a un zamuro como inquilino”.
En noviembre de 2020, abogadas de Dilo Aquí presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, conociendo del caso la Fiscalía Séptima con competencia contra la Corrupción del Área Metropolitana de Caracas, y solicitaron una solicitud de medida de protección de custodia personal y residencial a favor de la denunciante y su familia. Además, los acompañaron en diferentes gestiones ante la Fiscalía, el CICPC y tribunales que conocen de la denuncia por presunto tráfico de influencia y soborno contra funcionarios de la policía científica, el Tribunal Séptimo de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el abogado Jesús Javier Torres, el directivo de Negra Hipólita Wilfredo Rodríguez, y la máxima autoridad de esa fundación, Vicealmirante José Luis Pestana.
Durante la investigación, la mencionada Fiscalía designó a la División de la Función Pública del CICPC para entrevistar a los testigos, levantar una inspección y solicitar información a la Fundación Negra Hipólita. En medio de la entrevista a la denunciante, el Inspector jefe a cargo de la comisión del Ministerio Público observó que el inquilino denunciado tenía una orden de aprehensión dictada por el tribunal Séptimo de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por lo que se procedió a su captura. No obstante, en el interrogatorio al individuo se presentó el director de la Fundación Negra Hipólita, quien presentó un oficio del referido tribunal mediante la cual se levantaba la medida de privativa de libertad del inquilino, acción que deja a la denunciante expuesta a nuevas amenazas y tratos violentos por parte del inquilino y sus clientes.
Bajo protección
Tras meses de espera, el 4 de octubre de 2021, la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas acordó la medida de protección a favor de la denunciante y su grupo familiar. Días después, el equipo de Dilo Aquí acompañó a la víctima al Ministerio Público para buscar información sobre la decisión y, además, consignar documentos solicitados por la fiscal que lleva el caso.
De acuerdo con el documento emitido por el Tribunal 23 de Control del Área Metropolitana de Caracas, la protección otorgada consta de seis meses de patrullaje policial diario en la residencia de la denunciante, a cargo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Dicho cuerpo de seguridad debe informar mensualmente al juzgado sobre el cumplimiento de la medida, según lo dispuesto en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales.
Por otra parte, siguen sin respuesta las solicitudes de información del Ministerio Público y del CICPC a la Fundación Misión Negra Hipólita, sobre el cargo del funcionario involucrado en el caso.
