Organizaciones civiles introdujeron, ante la fiscalía con competencia en temas ambientales del estado Mérida, una petición de información sobre el expediente abierto, hace dos meses, por denuncias de intervenciones no autorizadas que dañan el ecosistema del parque nacional andino
Coalición Anticorrupción, 15 de febrero de 2023. En ejercicio del derecho constitucional a la exigencia de información pública, organizaciones defensoras del medio ambiente, junto a representantes de Transparencia Venezuela y de la Coalición Anticorrupción, exigieron conocer los avances de la investigación penal que se abrió hace dos meses por denuncias de construcciones indebidas en el Parque Nacional Sierra Nevada, en el estado Mérida.
Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela y de la Coalición en la entidad, y el ingeniero forestal Elides Sulbarán, acudieron el pasado 6 de febrero a la Fiscalía 23 con competencia en Defensa del Ambiente en Mérida, para consignar el documento de petición dirigido al fiscal Larry Sánchez Medina y a las autoridades regionales del Instituto Nacional de Parques (Inparques).
Además de datos actualizados sobre el progreso de la averiguación, se pide al fiscal informar a los solicitantes si se expidió una orden de suspensión de cualquier intervención no autorizada en el mencionado espacio natural, así como en las inmediaciones del Sistema Teleférico Mukumbarí, por parte de la empresa estatal Venezolana de Teleféricos (Ventel).
Rangel y Sulbarán advirtieron que estas actividades violentan lo establecido en las normas ambientales y amenazan el ecosistema de la zona. Destacaron que al pliego adjuntaron más de 519 firmas que acumuló la plataforma AVAAZ.ORG en el formato de petición Salvemos al parque Sierra Nevada, con el objetivo de exigir respuestas.
Rangel explicó que la mayoría de organizaciones que suscribieron la solicitud entregada a la Fiscalía 23 y a la dirección de Inparques son de materia ambiental. “Sugerí que hiciéramos esta petición de información porque es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. También se enmarca en el ejercicio de participación de control político y de la exigencia de rendición de cuentas”, apuntó Rangel.
La representante de Transparencia Venezuela en la región recordó que dos meses atrás guardaparques adscritos a Inparques-Mérida reportaron las intervenciones no permisadas de Ventel en áreas del Parque Nacional Sierra Nevada, por lo que se abrió una investigación penal que fue anunciada por el propio fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Las ONG exigen que, en ausencia de instrumentos de control ambiental, se aclare a la sociedad civil cuál es el estado actual de la investigación sobre las obras en la Zona de Protección Integral del parque, así como de las concesiones otorgadas por Ventel. “Nos quedamos muy preocupados porque algunas autoridades del Poder Ejecutivo Regional y local dieron declaraciones sobre la presunta inexistencia de los causales de esta denuncia”, comentó Rangel.
Lapso legal
Los voceros aclararon que, a partir de la fecha de consignación de este documento, la fiscalía tiene 20 días, según lo que establece la ley, para responder a la solicitud de información.
Por su parte, Elides Sulbarán reiteró que se debe cumplir con el plan de ordenamiento y uso del Parque Nacional Sierra Nevada. “Pedimos el respeto a las normas de preservación del parque nacional, que fue creado en el año 1952 por iniciativa de la Universidad de los Andes”.
El ingeniero forestal aclaró que los trabajadores de Inparques no se oponen a que haya actividades económicas en el lugar, mientras no rompan el equilibrio del ambiente y se respete el criterio de sustentabilidad.
Sulbarán y Rangel indicaron que esperarán a que se cumpla el plazo establecido para obtener respuestas de las autoridades competentes sobre las amenazas que enfrenta el parque nacional andino. Si en ese lapso no ha habido pronunciamiento alguno, continuarán con las acciones de exigencia y denuncia de las irregularidades.