En abril de 2016 el Gobierno venezolano creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, una estrategia de la Gran Misión Abastecimiento Soberano que buscaba hacer frente a la grave crisis de abastecimiento generada por el colapso de un modelo económico con graves limitaciones para incentivar la producción y mantener a flote las empresas e industrias dedicadas a estos rubros esenciales. El programa gubernamental ha consistido en la venta de bolsas o cajas de alimentos a los grupos de la población más vulnerables a precios subsidiados. Sin embargo, lejos de mejorar el déficit nutricional de los venezolanos, se ha convertido en fuente de innumerables denuncias de irregularidades y corrupción.
Entre las denuncias más críticas alrededor de los CLAP están las relacionadas con los hechos de corrupción que se han generado al momento de importar los alimentos que surten las bolsas y cajas. Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela y Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República destituida por la Constituyente, han hecho graves denuncias sobre las irregularidades, entre ellas, la fuerte vinculación entre las empresas encargadas de hacer las compras y el mismo presidente, Nicolás Maduro.
En un nuevo esfuerzo por vencer la opacidad impulsada como política de Estado, Transparencia Venezuela decidió ahondar en las denuncias realizadas por medios, beneficiarios de los CLAP y el resto de la sociedad civil e intentar determinar el alcance del negocio de la importación de alimentos, las irregularidades en los procesos de compra y venta, así como la identidad de las compañías que han participado en las transacciones.
Lea más en el siguiente informe.
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