Las organizaciones civiles que forman parte del movimiento ciudadano en 12 estados se desplegaron en las sedes de los gobiernos regionales, autoridades de Salud y Defensoría del Pueblo, para reiterar la petición de información, introducir por primera vez el documento o acudir a otras instancias en busca de respuestas sobre el proceso de inmunización anti COVID-19. En Caracas, la exigencia se hizo a la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Salud
Coalición Anticorrupción, 15 de junio de 2021. La Coalición Anticorrupción se movilizó de forma simultánea en los estados Táchira, Mérida, Apure y Lara para reiterar la solicitud de transparencia sobre el plan de vacunación anti COVID-19 que formularon ante las autoridades de salud y de la Defensoría del Pueblo, puesto que no ha tenido respuesta tras vencerse los lapsos reglamentarios. A la acción ciudadana se sumaron Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas, Portuguesa y Barinas, que introdujeron por primera vez la petición, y Carabobo, que acudió a una nueva instancia de esa entidad. En Caracas, la exigencia fue hecha por Transparencia Venezuela a la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Salud.
Así lo informó Yonaide Sánchez, Coordinadora de Regiones, quien recordó que el estado Yaracuy exigió respuesta a su petitorio una semana antes, mientras que el Zulia lo hará el miércoles 16 de junio. “Muy pronto impulsaremos el ejercicio de este derecho de la ciudadanía a tener acceso a la información pública en los estados Cojedes y Trujillo. Nos mantendremos firmes en nuestros esfuerzos hasta lograr que se informe, de manera veraz y oportuna, sobre temas cruciales como vacunas adquiridas y dosis previstas para cada estado solicitante”.
Sánchez precisó que en los documentos suscritos por las organizaciones civiles que forman parte de la Coalición Anticorrupción en las regiones, se exige transparencia en cuanto al esquema de inmunización, así como los lapsos para la atención a trabajadores del sector salud y población priorizada. Asimismo, pidieron publicar detalles de los centros de vacunación, el plan logístico de distribución, entes responsables del proceso y los mecanismos de control sobre las dosis aplicadas.
A una sola voz
La también coordinadora de Transparencia Venezuela en Lara, Yonaide Sánchez, y la promotora regional de la Coalición Nelly Cuenca de Ramírez, se trasladaron a la Secretaría del Poder Popular para la Salud de la entidad para solicitar respuesta al documento que consignaron el pasado 13 de abril ante la Gobernación del estado y la Defensoría del Pueblo, mediante el cual solicitaron información sobre el proceso de inmunización contra la COVID-19, suscrito por cerca de 60 organizaciones de esa entidad federal.
Afirmaron que el método que se está utilizando es excluyente, lo que afecta a un gran número de habitantes de la entidad. Según dijeron, en el sitio web del Ministerio de Salud, no queda ningún registro o código para que el ciudadano pueda presentarse a algún centro de vacunación y solicitar su dosis.
Por su parte, el coordinador regional de Transparencia Venezuela en el estado Táchira Mauricio Pernía, y la promotora de la Coalición en la región, Beatriz Salas, acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo, en San Cristóbal, para reiterar la solicitud que hicieron el 16 de marzo de este año.
Pernía detalló que pidieron dar a conocer los puntos y características que tiene el plan para las vacunas. Además, requirieron información sobre las garantías a la segunda dosis al ciudadano. “La desinformación ha generado el comercio ilícito de vacunas. Es un daño al modelo de salud y a la priorización. Aspiramos a que se informe al ciudadano del plan de vacunación”.
En el vecino Mérida, las coordinadoras de Transparencia Venezuela, Christi Rangel y Rita Coello, acudieron a la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), a cargo de Ramón Nieves, quien además es Autoridad Única de Salud del estado. Las acompañaron Walter Trejo, representante de Cátedra de La Paz y Asovida; Elba Soto, de Creemos Alianza Ciudadana, y Angélica Villamizar, además del grupo de veedores de Uniandes. «La carta la apoyaron 18 organizaciones integrantes de la Coalición Anticorrupción», destacó Rangel.
En Nueva Esparta, el documento entregado ante la Dirección Regional de Salud pide detalles como la garantía de cumplimiento al derecho a la salud mediante la aplicación de la vacuna. Juan Carlos Torcat, coordinador de Transparencia Venezuela en la entidad insular, dijo que la solicitud fue respaldada por las más de 40 organizaciones no gubernamentales que la conforman. “Percibimos opacidad en la administración y distribución de vacunas contra la COVID-19. A la fecha, no tenemos información clara y precisa de cuántas vacunas han llegado, cual es el método de distribución, cuándo llegaron y cuánto tiempo transcurre entre su recepción y la aplicación”.
Lo mismo hicieron las 21 organizaciones civiles del estado Bolívar que suscribieron la comunicación dirigida a Franklin Franchi, Autoridad Única de Salud de la entidad, en la que por primera vez oficializaron la petición de información pública sobre la adquisición, recepción, distribución, planes de vacunación y tratamiento contra la COVID-19 en la región guayanesa. Igualmente, el miércoles 16 se hará entrega formal ante el Instituto de Salud Pública, en Ciudad Bolívar.
“El artículo 51 de la Constitución establece que ‘toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y de obtener oportuna y adecuada respuesta’. Quienes vulneren este derecho se exponen a sanciones, entre ellas la destitución de su cargo”, recordó Clemente Scotto, coordinador regional de Transparencia Venezuela.
Entretanto, el grupo de trabajo del movimiento en el estado Portuguesa presentó una solicitud de información de forma electrónica sobre el proceso de vacunación ante la Dirección Estadal de Salud y la delegación de la Defensoría del Pueblo en el estado. El documento fue suscrito por la Fundación Civitas, La Red Justicia y Libertad y la Fundación Gurrufío, según lo informado por el promotor de la Coalición en esa entidad llanera, Luis Torrealba y próximamente se entregará en la oficina correspondiente.
Otros estados llaneros que se sumaron a la jornada fueron Apure y Barinas. En el primero, la encargada de consignar la petición fue la promotora de la Coalición, Wiecza Santos, mientras que en Barinas la acción fue liderada por la coordinadora de Transparencia Venezuela, Briceida Morales Alburjas, y la promotora de la Coalición Anticorrupción, Marisela Febres de Cartay, junto a directivos de organizaciones representativas de la sociedad civil de la región.
Xioly Cadenas, promotora de la Coalición en Amazonas, precisó que la petición fue consignada en el despacho del gobernador, Miguel Rodríguez, y en la Dirección de Salud Regional, a cargo de José Moreno. “Nuestra Constitución considera a la salud como derecho fundamental social y esta solicitud obedece a la preocupación por los efectos de la pandemia, y en prevención de los riegos de corrupción y de discrecionalidad de la información solicitada”, agregó.
En Caracas, la exigencia de respuesta a la solicitud de información pública, realizada en febrero pasado, fue consignada ante la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Salud por Mildred Rojas, consultora jurídica de Transparencia Venezuela. Mientras que, en Carabobo, el coordinador regional de esa organización, Humberto Torres, junto a Mariana Rojas, directiva de Médicos Unidos de Venezuela y Rodrigo Penzo, del Fadess, entregaron la petición a la Secretaría General de Gobierno.
