Organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Coalición Anticorrupción exigen respuesta de las autoridades a un conjunto de interrogantes sobre el manejo de la emergencia sanitaria
Transparencia Venezuela, 8 de abril de 2020. Las organizaciones de la sociedad civil del estado Carabobo que forman parte de la Coalición Anticorrupción advierten que la precaria prestación servicios públicos, a causa de la corrupción, y las limitaciones impuestas por el Estado al acceso a la información pública ponen en riesgo el derecho a la salud de los ciudadanos en el marco de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.
En la entidad, donde hasta el 5 de abril, según reportes de las autoridades, no se habían detectado casos positivos, escasea el agua potable y la que suministran es de dudosa calidad. Tampoco hay abastecimiento de gasolina, las interrupciones del servicio eléctrico son constantes y la reposición inmediata de gas doméstico no está garantizada.
Enfrentar la pandemia mundial en estas condiciones es una tarea titánica, en especial cuando una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es lavarse las manos con frecuencia. La empresa estatal Hidrológica del Centro (Hidrocentro), mediante el Acueducto Regional del Centro, que surte a 9 de los 14 municipios carabobeños, no está en capacidad de brindar un servicio constante, según se desprende de informaciones ofrecida por alcaldes y del gobernador Rafael Lacava.
En Naguanagua, el mandatario local, Gustavo Gutiérrez, admitió en recientes declaraciones a la prensa que la grave falla en el suministro de agua “que tenemos y que nos da este duro golpe, se debe a un problema eléctrico en Pao Cachinche”. Además, reconoció que la escasez de combustible impidió movilizar cisternas con agua hacia comunidades de Bárbula.
Antes de esas declaraciones, en Guacara, el alcalde Johan Castañeda exhortó a la ciudadanía a “tomar todas las medidas necesarias para que almacenen suficiente agua en sus hogares”. A esto se suman los mensajes del gobernador en Twitter, entre el 14 y el 21 de marzo de 2020, donde pide paciencia a los afectados y reconoce deficiencias del servicio en el norte de Valencia por “sequía” y fallas eléctricas en la planta potabilizadora Alejo Zuloaga.
Sin combustible no hay salud
Pese a contar con la refinería El Palito y el centro de distribución de Pdvsa en Yagua, que atiende al centro occidente del país, el desabastecimiento de combustible llegó un par de días antes del inicio de la cuarentena social decretada a partir del 16 de marzo. Las consecuencias fueron inmediatas, la organización Amigos Trasplantados de Venezuela alertó que las personas que requieren dializarse están en riesgo, ante la imposibilidad de movilizarse hasta las unidades donde reciben el tratamiento.
La misma restricción para trasladarse afectó al personal de la salud, especialmente a médicos y enfermeros, quienes señalaron que, en el mejor de los casos, para que las autoridades militares les permitieran abastecerse de gasolina, debían hacer largas colas en estaciones de servicio durante su tiempo de descanso.
Por otra parte, León Jurado, primera autoridad de San Diego y único alcalde opositor en Carabobo, denunció en sus redes sociales que el 23 de marzo la ambulancia de la alcaldía recorrió tres estaciones de servicios y no logró abastecerse, porque las autoridades militares a cargo argumentaban que no había combustible. Agregó que una situación similar presentaron los camiones recolectores del aseo urbano.
Las denuncias de corrupción hacia los responsables de hacer cumplir el plan de racionamiento son cada vez más frecuentes entre los ciudadanos, que a pesar de no pertenecer a sectores priorizados aseguran haber pagado en dólares a funcionarios para que le permitieran abastecerse en las gasolineras.
Adicionalmente, la falta de información oficial sobre el acceso privilegiado a combustible, estimula la conformación de un mercado negro liderado por miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
Ante todo esto, y en el marco del Día Mundial de la Salud que se celebra cada 7 de abril, organizaciones de la sociedad civil miembros de la Coalición Anticorrupción en Carabobo, en ejercicio de sus derechos constitucionales, realizaron una petición de información mediante la cual le exigen a las autoridades competentes responder las siguientes interrogantes:
1) ¿Quiénes integran el comité de respuesta al COVID-19 en Carabobo?
2) ¿Cómo se organiza la gobernación de Carabobo con la oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)?
3) ¿Cuántas pruebas de despistaje de COVID-19 se han realizado en Carabobo desde el 12 de marzo de 2020 y cuántos kits de pruebas están disponibles?
4) ¿Bajo qué criterios se hospitaliza, se da el alta y se declara «recuperados» a pacientes diagnosticados?
5) ¿Cuál es el presupuesto para atender la contingencia en la región y bajo cuál mecanismo se asignarán los recursos?
6) Debido al racionamiento de combustible, ¿cómo se garantiza el transporte hasta los centros asistenciales para el personal de salud, pacientes con enfermedades crónicas o con sospechas de contagio por COVID-19?
7) ¿Qué acciones se toman para garantizar el suministro continuo de agua potable a los hospitales?
8) ¿Con qué frecuencia se someten a despistaje de COVID-19 los trabajadores del sector salud?
9) ¿Qué medidas se adoptan en caso de que un trabajador de salud no acuda a laborar argumentando que no cuenta con equipos de bioseguridad, no puede trasladarse o se siente fatigado?
10) ¿En dónde se publican estadísticas actualizadas sobre el COVID-19, discriminadas por municipios y parroquias?
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