Transparencia Venezuela, 8 de abril de 2020. Es bien sabido que el brote de COVID-19 que se detectó inicialmente en la ciudad de Wuhan, China, se ha propagado por todo el planeta y ha generado una grave pandemia. Las cifras se incrementan día a día, hora a hora, de forma vertiginosa. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, al cierre del domingo 5 de abril el número de personas contagiadas a escala mundial se ubicaba por encima de 1.275.000, con casi 70.000 fallecidos y un poco más de 260.000 pacientes recuperados.
En Venezuela, las cifras oficiales hasta esa misma fecha eran las siguientes: 159 casos confirmados, 7 fallecidos y 52 pacientes recuperados. Muchos cuestionan la veracidad de estas cifras oficiales y se especula que pudiera haber más personas contagiadas que aún no han sido detectadas, quienes afirman esto se basan en un informe de la OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) según el cual, hasta el 31 de marzo, sólo se habían realizado en toda Venezuela 1.779 pruebas de despistaje del virus.
En el estado Bolívar, al suroriente de Venezuela, hasta la fecha sólo se han confirmado dos casos de contagio por el Covid-19. Según información suministrada por el gobernador Justo Noguera Pietri, se trata de dos mujeres (de 41 y 38 años de edad) quienes se encuentran aisladas, una en Ciudad Bolívar y la otra en Ciudad Guayana; pero se desconoce el lugar o circunstancias de sus contagios. El mandatario regional considera como exitoso que se hayan detectado pocos casos en el estado Bolívar, y lo atribuye a la rigurosidad en la aplicación de la cuarentena o el período de distanciamiento social implementado desde el martes 17 de marzo.
Ciudad Guayana paralizada
Un día después del inicio formal de la cuarentena, el miércoles 18 de marzo, se hizo oficial que en el territorio regional ya no se expendería más combustible a los vehículos particulares. Supuestamente, quedarían exceptuados de esta restricción los sectores priorizados como funcionarios militares y policiales, personal de salud, productores y transportistas de alimentos e insumos básicos, personal vinculado a medios de comunicación y algunos transportistas públicos. Esto no se ha cumplido.
Cada día se multiplican las denuncias por redes sociales y en medios de comunicación regionales que se ha irrespetado lo establecido y no se ha garantizado a los sectores priorizados el suministro de combustible para sus vehículos. Sólo funcionarios militares y policiales estarían logrando surtirse, al resto simplemente se les niega la gasolina (incluyendo al personal de salud). También proliferan las denuncias sobre bachaqueo (venta irregular y con sobreprecio), corrupción y despacho para los conductores dispuestos a hacer su «contribución» en divisas.
En días posteriores, se supo que hubo una reunión de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) con representantes de los gremios empresariales y oficialmente se les informó que no hay combustible en la entidad y que sólo quedaban algunas reservas de gasoil o diésel.
Por tales razones, en Ciudad Guayana cada día se observa menor circulación de vehículos y a personas que se movilizan a pie para poder abastecerse de alimentos y medicinas. También son escasas las unidades de transporte público que están circulando actualmente. La situación sería similar en la capital del estado, Ciudad Bolívar.
Falta de higiene
En tiempos de pandemia, los problemas con los servicios públicos (irregular suministro de agua potable, frecuentes bajones e interrupciones eléctricas y mala conectividad a Internet) se mantienen y en algunos momentos parecieran haberse agudizado. Aunado a esto, el ya deficiente servicio de recolección de residuos sólidos se está haciendo de forma más irregular. Esto ha traído como consecuencia la proliferación de botaderos improvisados de basura a cielo abierto, con la aparición o incremento de la presencia de insectos, roedores y zamuros.
Los vecinos han comenzado a quemar la basura acumulada en las calles, avenidas y comunidades. Eso generado gran cantidad de humo contaminante que afectan la salud de niños, asmáticos y personas de la tercera edad. Justamente los problemas respiratorios que deberían evitarse en momentos de una pandemia como la del coronavirus Covid-19.
Mayor control social y criminalización de la disidencia
Desde el inicio del aislamiento social de los ciudadanos en sus casas, por motivos sanitarios justificados, se ha hecho evidente que la medida le ha resultado políticamente muy conveniente a los actuales administradores del sistema.
Los residentes de Puerto Ordaz y San Félix reciben constantes llamados desde emisoras de radio y por vehículos oficiales con altavoces que recorren calles y avenidas, para que acaten el período de «distanciamiento social» y permanezcan en sus casas. El objetivo es que sólo salgan para lo estrictamente indispensable y que atiendan las recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De forma tácita se estableció un toque de queda desde las 5 pm. Los ciudadanos que se encuentran en las vías públicas luego de esa hora, caminando o en carros, y que no tengan justificada su salida (como por una emergencia de salud) son detenidos y subidos a lo que la gobernación del estado Bolívar ha bautizado como «El Coronabus». Son retenidos por unas ocho horas, durante las cuales son trasladados y llevados a recibir charlas informativas sobre la necesidad de la cuarentena. En caso de reincidencia existe la amenaza de dejarlos retenidos por varios días y de hacer la devolución de sus vehículos cuando finalice la cuarentena.
Finalizando la jornada dominical se supo, a través del secretario de Seguridad Ciudadana que, a partir del lunes 6 de abril, la restricción para circular en las calles de la entidad comenzará a regir a partir de las 2 pm. Esto significará menor tiempo para comprar y por ende mayor aglomeración de personas en los locales comerciales, con el consecuente incremento de las posibilidades de contagio.
Es de destacar que durante esta situación de Estado de Alarma por el coronavirus se han incrementado los hostigamientos, amenazas y detenciones arbitrarias de ciudadanos que manifiesten por las redes sociales su disconformidad con los entes gubernamentales o fijen una posición de disidencia política. En la última semana ocurrieron tres hechos de esta índole en Ciudad Guayana.
El 29 de marzo privaron de libertad al trabajador de Sidor Elio Mendoza (de 53 años) quien según sus familiares fue apresado bajo engaño por reenviar un mensaje de WhatsApp. El representante de la Fiscalía lo imputó por los delitos de incitación al odio y difamación al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Mendoza recibió medida privativa de libertad.
El 1 de abril ocurrió un intento de detención en su residencia del profesor Celestino Aponte, de la directiva de la Asociación Civil Unidad y Cambio, organización perteneciente a la Coalición Anticorrupción. Afortunadamente la intervención de los vecinos impidió que se lo llevaran, pero en el forcejeo lograron arrebatarle su celular. Y el 2 de abril se llevaron detenida desde su residencia a la activista y trabajadora de Ferrominera Orinoco Tania Rodríguez, también miembro de la Coalición. Supuestamente su delito estaría en haber reenviado un mensaje de WhatsApp donde se aludía a la ciudadana Cilia Flores.
Ante este panorama, las organizaciones que integran la Coalición Anticorrupción, en ejercicio de sus derechos constitucionales, suscribieron una Petición de información a las autoridades sobre el manejo de la pandemia y sobre las demandas de los ciudadanos para que se garanticen sus derechos durante la cuarentena.
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