La coordinadora nacional de la Coalición Anticorrupción y del capítulo Lara de Transparencia Venezuela, Yonaide Sánchez, disertó sobre la importancia de un gobierno abierto en el contexto del éxodo forzado
Coalición Anticorrupción, 30 de noviembre de 2020. Con la participación de 122 personas se llevó a cabo el foro-chat Gobierno Abierto y su incidencia sobre la situación de los migrantes venezolanos, organizado por iniciativa del grupo de trabajo de la Coalición Anticorrupción en el estado Bolívar. La actividad virtual contó con la ponencia de la socióloga y profesora universitaria Yonaide Sánchez, coordinadora regional de Transparencia Venezuela en el estado Lara y coordinadora nacional de la Coalición.
“La corrupción en Venezuela se ha convertida en sistémica y ha permeado todas las estructuras y arquitecturas del Estado, haciendo que todas las acciones corruptas aparezcan como normales. Este delito no implica solo robar dinero, sino que puede cambiar el perfil de un país”, señaló Sánchez.
La ponente destacó que en Venezuela se han desviaron más de 60.000 millones de dólares en el área de alimentación. De igual modo, 23.000 millones de dólares se perdieron en sobreprecio por contratos en los sectores de agua y electricidad, sin que ninguno de estos servicios funcione; así como 40.000 millones de dólares desaparecidos en el sector salud.
«Personeros gubernamentales y militares tienen en la corrupción un factor motivador para violar los derechos humanos, porque reciben una serie de beneficios socioeconómicos en un contexto de total impunidad. Es importante que informes de este tipo reconozcan esta pavorosa realidad del país», advirtió Sánchez.
En ese sentido, reiteró que la transparencia debería ser un requisito en todos los actos y tareas públicas, y es deber de los ciudadanos luchar por un nuevo modelo de transición. «El gobierno abierto es un nuevo modelo de funcionamiento y relación entre gobernantes y ciudadanos, que implica relaciones más horizontales y de convivencia. Esperamos que la construcción de nuevas gobernabilidades permita recuperar confianza de los ciudadanos en las instituciones, mejorar la calidad de vida y recuperar el disfrute de nuestros derechos», explicó.
Sánchez agregó que esta nueva forma de gobernar implica cuatro pilares: transparencia y rendición de cuentas, sistemas anticorrupción, interacción gobierno-ciudadanía, e innovación tecnológica y datos abiertos.
Contexto migratorio
En el ámbito de la migración forzada en Venezuela, Yonaide Sánchez mencionó una investigación realizada por los capítulos de Transparencia Internacional en Colombia, Perú y Venezuela. Sobre el acceso a información pública, el trabajo revela que hubo consenso entre los entrevistados al afirmar que la debilidad más grande del proceso migratorio es la desinformación.
Si bien Colombia y Perú no tienen información precisa sobre los migrantes, en Venezuela es mucho peor porque no se reconoce el fenómeno migratorio. «Eso le dificulta a los países receptores las tareas de planificación, seguimiento, control y atención. Compromete los servicios de atención haciendo que la información disponible, ya insuficiente, no se refiera tanto a rutas de atención sino a los trámites de proceso migratorio», señaló la ponente.
Detalló que la desinformación incide en una mayor vulnerabilidad para los migrantes al desconocer requisitos, trámites, instituciones a las que debe acudir, inclusos sus deberes y derechos en el país receptor. Según Sánchez, todo ello contribuye a la corrupción y afirmó que “las víctimas entre las víctimas”, son las mujeres, jóvenes y niñas.
«Entre 2017 y 2018, Perú registró más de 1.700 víctimas de trata de personas, de las cuales 10 % eran venezolanas. La migrante forzosa muchas veces es indocumentada y está en situación de pobreza. La falta de apoyo en el país receptor las convierte en presas muy fáciles de redes criminales y de transacciones sexuales a cambio de aliviar un poco la dramática situación de vida de ella y sus hijos. Esto impacta especialmente a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, con riesgos más elevados de violencia de género, porque son destruidas, estigmatizadas y les da miedo y vergüenza acercarse a los espacios donde puedan ser atendidas», explicó.
Sánchez agregó que la falta de elementos de gobierno abierto afecta su proceso de regularización, sus oportunidades laborales, el acceso a los servicios, e incluso el disfrute de sus derechos. Por otra parte, está el drama de los retornados. “Se desconoce cuántos son, quiénes son, hasta cuándo van a estar confinados, en qué condiciones y quiénes son los responsables. Además, han sido severamente criminalizados, estigmatizados y descalificados”.
La Coalición Anticorrupción es un movimiento ciudadano de alcance nacional con presencia en 19 estados y el respaldo de más de 800 organizaciones de la sociedad civil, que impulsa las 12 acciones imprescindibles e impostergables del mandato de la ciudadanía a los líderes políticos para lograr el cambio que el país requiere.