Transparencia Venezuela y el grupo de la Coalición Anticorrupción en el estado Bolívar promovieron el forochat Corrupción, Migración y COVID-19, en el que se abordaron los riesgos y recomendaciones ante las diferentes irregularidades que enfrentan los desplazados y refugiados
Coalición Anticorrupción, 29 de julio de 2021. Más de 75 personas participaron en un nuevo evento virtual organizado por Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción en el estado Bolívar. El forochat Corrupción, Migración y COVID-19, dictado por la abogada Norma Ferrer, coordinadora de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac) de Transparencia Venezuela, ahondó en los principales riesgos de corrupción que se presentan en el proceso migratorio, así como las recomendaciones para propiciar políticas de prevención y detección de patrones que permitan su posterior sanción.
A las condiciones de migración forzada en Venezuela, producto de la crisis económica, política y la Emergencia Humanitaria Compleja causada por la corrupción, se sumó la llegada de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020. La crisis sanitaria complicó aún más los procedimientos legales para la salida del país y también para el retorno de los connacionales, lo que favoreció la corrupción.
«Esta situación tiene su origen en una profunda debilidad institucional incapaz de garantizar el estado de derecho, mucho menos los procesos mínimos de equidad y protección de los recursos públicos para el beneficio de la ciudadanía», destacó Ferrer.
Entre los riesgos se incluye la trata de personas, el incremento de violencia a manos de grupos irregulares o del crimen organizado que operan en las zonas fronterizas y hechos de corrupción que pueden generarse de la interacción de estos factores. Además, el abuso parece ser mayor cuando se trata de mujeres en la ruta migratoria.
Una investigación de Transparencia Venezuela reveló que entre las debilidades más claras está la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, señalados como involucrados en el cobro irregular de dinero para permitir la entrada y salida de personas del territorio nacional. También se identificaron casos de extorsión sexual o sextorsión, abuso de autoridad y la exposición a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
«Los riesgos de corrupción se producen a partir de la existencia de debilidad institucional, la confluencia entre la necesidad de ejercer un derecho o satisfacer una necesidad y la falta de capacidad del Estado para garantizarlo o proveerlo, y las limitaciones formales», explicó la ponente.
Estos riesgos de ilícitos a los que está expuesta la migración venezolana son resultado de la discrecionalidad de funcionarios públicos en la toma de decisiones para tramitar permisos, documentos y servicios. También por la falta de transparencia e información pública, la duplicación de funciones y normativas, la debilidad o ineficacia de los órganos y sistemas de contraloría; así como la falta de supervisión independiente, el control político de situaciones técnicas, la garantía de impunidad ante las irregularidades, conflicto de intereses y nepotismo, además de ciertas prácticas de los actores gubernamentales donde priva su interés personal sobre el cumplimiento de sus competencias con integridad.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en Colombia, de los 1.617 casos de violencia basada en género registrados en 2020 en zonas fronterizas con ese país, 31% fue contra mujeres y niños migrantes, refugiados o solicitantes de asilo, según comentó Ferrer.
Organizaciones de sociedad civil encuestadas detectaron como irregularidades más comunes la corrupción para obtener documentos de identificación y para el tráfico ilícito de migrantes, el soborno, el abuso de autoridad, malversación de fondos y tráfico de influencias, abuso de poder por parte de la policía, extorsión o sextorsión en las alcabalas, cobros indebidos en divisas para obtener citas o expedir pasaportes y prórrogas.
Los principales actores involucrados son efectivos de la Guardia Nacional, Policía Nacional y Fuerzas de Acciones Especiales, así como funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y otras instituciones estadales.
Soluciones viables
Como propuestas para prevenir y minimizar los riesgos de corrupción que afectan a la población migrante, Transparencia Venezuela reitera que el Estado venezolano, y la sociedad venezolana, con el apoyo de los gobiernos de los países cercanos a sus fronteras, debe establecer mecanismos para enfrentar el problema, en especial para disminuir los niveles de discrecionalidad de los funcionarios a cargo del control fronterizo, la falta de información, la duplicidad de funciones y el fortalecimiento de organismos de contraloría, entre otros aspectos.
Otra recomendación es que el Estado venezolano aborde con urgencia los factores que determinan los riesgos de corrupción ya institucionalizados en el país, desde hace al menos tres lustros, y contar con sistemas de prevención que le permitan estar preparados ante eventualidades tan graves como la pandemia que padece hoy en día el mundo. Se trata de un sistema que permita a Venezuela afrontar las emergencias y que cubra aspectos como la contraloría, el manejo de información en medio de una crisis y el establecimiento de todos los procesos para minimizar los riesgos de corrupción.
También se señala que es urgente que el Estado venezolano establezca sistemas de recepción de denuncias para las personas migrantes con mecanismos de protección a los denunciantes, para combatir de esta manera la impunidad con la que se cometen delitos de todo tipo en zona fronteriza, especialmente entre Colombia y Venezuela.
El Estado venezolano debería impulsar y garantizar la protección de la población migrante venezolana, para que se respeten sus derechos humanos más elementales en la zona limítrofe, para lograrlo es fundamental incluir programas de formación ética para los funcionarios destacados en las áreas de atención a la ciudadanía que transita por estos pasos fronterizos.