Coalición Anticorrupción, 27 de octubre de 2020. La constante vulneración de las garantías constitucionales durante las dos últimas décadas y la penetración de la política partidista que se ha traducido en la eliminación de hecho en la carrera judicial y el nombramiento a dedo de jueces y funcionarios sin preparación ni credenciales, entre otros problemas, fueron abordados por los ponentes del foro-chat “Causas y consecuencias de la corrupción en el Poder Judicial”, que por iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil del estado Barinas que forman parte de la Coalición Anticorrupción se realizó el 16 de octubre, a través de la plataforma WhatsApp.
La actividad virtual tuvo como exponentes a Lucía Quintero Ramírez, presidenta del Colegio de Abogados-Barinas y coordinadora regional del Foro Penal; y Moisés Rosales, doctor en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, y miembro de la junta directiva del citado gremio.
“La corrupción en el sistema judicial y, sobre todo, de los jueces, magistrados y fiscales, no es un hecho reciente, también lo veíamos durante los gobiernos de AD y COPEI. Actualmente se ve agravada a causa de la crisis social y política que vive el país”, reflexionó Rosales.
Recalcó que la corrupción tomó fuerza con la aplicación del sistema de control cambiario entre 2003 y 2018. “Fue muy prolongado y permitió la mayor corrupción en la historia venezolana, involucrando a cientos de funcionarios del gobierno; políticos, jueces y fiscales”, dijo el jurista.
Rosales añadió que la corruptela judicial se expresa a través de prebendas políticas y complacencias partidistas, y no necesariamente involucrando compensaciones monetarias. “El nombramiento a dedo de jueces sin concurso público rompe el deber constitucional de elección”.
Quintero coincidió en la práctica ilegal que ocurre en la designación de funcionarios judiciales. “Los concursos no se realizan desde 2003, según la ONG Acceso a la Justicia. Actualmente entre 80% y 90% de los funcionarios judiciales ingresaron sin concursar al Poder Judicial. Esta cifra asciende a 95% en el Ministerio Público, donde sólo 5% de los funcionarios que ingresan ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley del Concurso Público para el Ingreso”, señaló.
La experta comentó que el único requisito para el ingreso es ser militante del partido oficial y mostrar lealtad. “Esta falta de formación y preparación en los funcionarios para asumir los cargos los lleva a actuar como ‘borregos’ de las decisiones u órdenes de terceros sin considerar que sus funciones acarrean responsabilidad personal y directa, por acciones u omisiones en el ejercicio del cargo. Las violaciones de los Derechos Humanos no prescriben y responderán ante autoridades nacionales e internacionales”.
Inseguridad jurídica
Los conferencistas coincidieron en que la administración de justicia incide no solo sobre la vida, libertad y bienes de las personas, sino que también repercute la realidad del país y genera desconfianza en los ciudadanos que acuden ante los órganos jurisdiccionales. “Si el régimen no hubiese contado con el apoyo irrestricto que ha tenido del Poder Judicial, no hubiese podido avanzar al nivel en el que nos encontramos hoy. Ha sido el brazo ejecutor del gobierno para la persecución de quienes deciden oponerse o disentir de cualquier forma”, señaló Quintero
Por otra parte, la especialista definió el sistema como una “dictadura judicial” en virtud de que muchas de las funciones de la Asamblea Nacional son asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “La Sala Constitucional ha venido modificando el texto magno a su antojo, violentando con ello la soberanía popular, ya que a través de esta fue que se aprobó dicha constitución”.
Finalmente, los ponentes propusieron iniciativas para sanear al Poder Judicial y erradicar la corrupción, entre las que destaca la creación de una escuela de formación para funcionarios públicos, especialmente para jueces, enfocada en la consolidación del Estado y su estructura administrativa, con el objetivo de reforzar el ejercicio jurídico en la nación y contar con servidores íntegros. “Una vez que se empiece a restablecer el sistema de justicia con jueces capaces y aptos que cumplan con sus funciones de forma autónoma e independiente, cuando su objetivo sea la justicia, prevalecerán el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. De esa forma se empezará a reordenar el país” aseveró Quintero.
La Coalición Anticorrupción es un movimiento ciudadano de alcance nacional con presencia en 19 estados y el respaldo de más de 780 organizaciones de la sociedad civil, que impulsa las 12 acciones imprescindibles e impostergables del mandato de la ciudadanía a los líderes políticos para lograr el cambio que el país requiere.