Organizaciones civiles que forman parte de la Coalición Anticorrupción exigen a las autoridades transparencia en el manejo de la crisis sanitaria
Transparencia Venezuela, 8 de abril de 2020. Aunque el contagio por coronavirus (COVID-19) en el estado Apure, según cifras oficiales, no supera los dos casos, la cuarentena social declarada por el gobierno nacional desde el 15 de marzo ha deteriorado aún más la calidad de vida de la población, debido a la agudización de las fallas de los servicios públicos. Más de 200 familias de la comunidad 23 de Enero, a orillas del Río Apure, en San Fernando, la capital del estado, denunciaron a través de los medios que tienen 6 meses cocinando con leña y que, debido a las restricciones de la movilidad por el aislamiento obligatorio, ya no pueden ni salir a buscar madera para sus fogones. “Le pedimos al gobierno regional que nos traigan el gas porque uno va donde la alcaldesa y nos dicen que nunca hay gas, pero los bachaqueros si lo tienen a 500 y a 600 mil bolívares«, manifestó Leonardo Márquez, vecino del sector.
Las redes sociales, convertidas en el único medio de comunicación social de la región, también dan cuenta de al menos 10 fluctuaciones diarias de la energía eléctrica en urbanizaciones como Santa Rufina, Los Tamarindos, Llano Alto, José Antonio Páez y el mismo sector Centro Valle, en pleno centro de San Fernando de Apure, a lo cual se suman recurrentes apagones como el ocurrido el viernes 3 de abril con una duración de 10 horas.
El comandante de la Zona de Defensa Integral (ZOdi) Apure, general Ghimi Santinni, informó al inicio de la cuarentena que sectores vitales no serían afectados con la restricción de combustible, sin embargo, una semana después, los productores ganaderos anunciaron la paralización de la producción de carne, queso y leche, de la cual se alimenta 50% del centro del país, debido a la falta de combustible. La Cámara de Comercio también exhortó a la flexibilización de la medida para poder garantizar el expendio de víveres, verduras, panaderías y farmacias, en razón de ello, estos sectores fueron convocados a reunión el sábado 28 de marzo por el alto mando militar. Como resultado, el miércoles 1 de abril se realizó el primer operativo para surtir de 50 litros de gasolina y 100 de gasoil a 80 productores ganaderos del estado, acción que se acordó para cada sector vital según el turno correspondiente, informó el presidente de la cámara, Vito Vinceslao.
Por denuncias también dadas a conocer a través de las redes sociales, desde la declaración de la cuarentena se han paralizado los comedores públicos para las personas de la tercera edad de San Fernando. «Tenemos 15 días sin recibir alimentos», dijo Vidal Arias, beneficiario de la Fundación de Atención al Anciano (Fundacian), quien pidió la presencia de activistas de derechos humanos en la institución ubicada en la calle La Miel de la capital apureña para que constataran su denuncia.
Desde el municipio Páez, límite de Apure con el departamento de Arauca Colombia, habitantes de la comunidad El Amparo denunciaron que, tras el cierre de frontera, la marina colombiana patrulla permanentemente el río Arauca y hacen tiros al aire para impedir que los venezolanos crucen al otro lado. José Sánchez, habitante de ese poblado, expresó su preocupación porque están a punto de agotarse las provisiones en las escasas bodegas de la localidad y Arauca es el sitio de donde se abastecen. También denunció que efectivos militares venezolanos detienen a las personas que consiguen en las calles durante la tarde y noche, llegan a reunir hasta a 80 personas en un comando policial o de la Guardia Nacional para darles charlas de prevención de coronavirus sin advertir el propio peligro de esta reunión.
La ausencia de información de las autoridades del estado respecto de los contagios ya informados y acerca de la situación del virus en la región, exacerba la especulación y la angustia, a lo cual se suma la reducción de los inventarios de comida y los precios especulativos por los pocos insumos que quedan en la región. Por ellos, las organizaciones de la sociedad civil apureña que forman parte de la Coalición Anticorrupción exigen a las autoridades transparencia e información veraz en el manejo de la contingencia.
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