En el marco del Día Mundial de la Salud, la ciudadanía pide a las autoridades regionales garantizar su derecho a la información pública relacionada con la detección, prevención y tratamiento del COVID-19
Transparencia Venezuela, 7 de abril de 2020. Venezuela no escapa de la crisis global por la propagación del COVID-19, situación que constituye una amenaza más preocupante para un país sumergido en una crisis humanitaria compleja producto de la corrupción y con graves deficiencias en servicios públicos esenciales para atender la pandemia como son el sector salud, electricidad, agua potable y el combustible.
Hasta el 7 de abril, cuando se conmemora el Día Mundial de la Salud, en el estado Anzoátegui se tenían confirmados dos casos positivos. Sin embargo, desde distintas regiones de la entidad oriental se reportan reclamos de ciudadanos por la deficiente dotación de equipos de bioseguridad para los trabajadores de la salud que atienden a los pacientes, escasez de combustible para el traslado del personal a los centros hospitalarios, constantes interrupciones del servicio eléctrico y falta de agua potable. Ante esta situación surgen diversas interrogantes en distintos sectores en cuanto el manejo del Estado a esta epidemia y su avance.
Por ello, organizaciones de la sociedad civil de la región que forman parte de la Coalición Anticorrupción se ha sumado a una iniciativa nacional para ejercer el derecho ciudadano a obtener información pública de sus autoridades y, en tal sentido, se redactó una comunicación dirigida al jefe y demás integrantes del Órgano de Defensa Integral del Estado Anzoátegui para que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución del a República Bolivariana de Venezuela, suministren a los ciudadanos información precisa del avance y manejo que se le está dando a la epidemia del llamado coronavirus.
Preocupados por la salud de los anzoatiguenses, que padecen desde antes de la llegada la pandemia los estragos de la emergencia humanitaria, se plantean en la comunicación interrogantes que deben ser respondidas por quienes detentan el poder, para despejar dudas y evitar que la opacidad y el silencio informativo cuesten más vidas humanas y ocasionen graves daños a la salud de los lugareños.
Los ciudadanos tienen el derecho constitucional a conocer con cuántas camas de terapia intensiva cuenta la región, cuántas pruebas rápidas se realizan a diario y si las personas que las aplican tienen el entrenamiento requerido para evitar falsos negativos. También deben saber, ante la evidente escasez de gasolina, qué medidas toma el Ejecutivo para garantizar el traslado del personal de salud a los centros asistenciales y si cuentan con suficientes insumos descartables de bioseguridad, así como para regularizar el suministro de agua potable toda vez que es de vital importancia para prevenir el contagio.
En definitiva, el ciudadano tiene derecho a saber si el gobierno nacional y regional están en capacidad de garantizar los medios necesarios para contrarrestar la epidemia del COVID-19, por lo cual las autoridades están en la obligación de ofrecer información veraz, transparente, oportuna y sin censura para todas las personas que la soliciten en el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
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