La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que en Venezuela, al igual que en Cuba y Nicaragua, la transparencia gubernamental es inexistente y el acceso a información pública está restringido para ciudadanos y periodistas, en tanto que la ONG Ve Sin Filtró reveló que 2 de cada 3 sitios digitales bloqueados en el país pertenecen a medios de comunicación
Coalición Anticorrupción, 5 de mayo de 2023. La libertad de prensa es un concepto complejo que entraña derechos fundamentales reconocidos por Naciones Unidas como la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin embargo, investigaciones recientes de Transparencia Venezuela evidencian que durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se ha impuesto en el país un modelo comunicacional que ha silenciado las voces disidentes, promovido la desinformación y restringido el acceso a la información pública.
De los informes Un silencio a la fuerza y Opacidad en Venezuela, una forma de gobernar, publicados por la organización y su portal de verificación EsPaja.com, se desprende que en los últimos 24 años en Venezuela se ha construido un aparato hegemónico de medios públicos, que se dedican a reproducir la narrativa oficial, y se ha creado un marco legal en el que se sustentan la opacidad, la censura, el cerco a la prensa independiente y la persecución a periodistas y ciudadanos.
En Opacidad en Venezuela, una forma de gobernar se señala cómo la estrategia gubernamental ha sido exitosa en enmascarar la dimensión de la crisis humanitaria sin precedentes que atraviesa el país. Según el estudio, la ausencia de datos sobre diversas variables estadísticas abre la puerta a la especulación y la desinformación, como se evidenció en tiempos de pandemia de COVID-19, pues aún se desconocen las cifras exactas de contagios, fallecidos y vacunas aplicadas.
Por otra parte, en su reciente reunión semestral, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre el aumento de los ataques a medios y representantes de la prensa en América Latina, y su impacto en la democracia. La instancia mostró especial preocupación por los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sobre todo en este último, donde consideran que el Gobierno ha reducido «sistemáticamente» el espectro mediático.
Al término del encuentro, el organismo emitió una resolución en la que rechaza las restricciones al acceso a la información pública y a la cobertura informativa que padecen periodistas y medios de comunicación en varios países de la región, incluida Venezuela. El documento apunta que la transparencia del gobierno es inexistente y que prevalece la opacidad, señalando que estas restricciones “son una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a saber».
Además de impedir trazar lineamientos en materia política, económica y social, el ocultamiento de cifras oficiales sobre violencia, salud, desempleo, mortalidad infantil y materna, entre otros indicadores, ha permitido que surjan iniciativas desde el seno de la sociedad civil, principalmente bajo la figura de observatorios ciudadanos, que han llenado parte de ese vacío de información, reseñó en su sitio web la organización.
Libertades silenciadas
En Un silencio a la fuerza, Transparencia Venezuela y EsPaja.com dejan al descubierto la estrategia desarrollada por el gobierno, en las dos últimas décadas, para restringir la libertad de expresión y cercenar el derecho al acceso a la información pública relacionada con los temas que afectan a los ciudadanos.
De acuerdo con el informe, entre las medidas para “silenciar” las voces que le resultan incómodas, las autoridades han apelado a medidas que van desde el cierre sistemático de emisoras de radio y estaciones de televisión, el uso de la violencia estatal, la persecución y el encarcelamiento de trabajadores de la prensa, la aprobación de leyes a la medida para darle “legalidad” a la censura y promover la autocensura, así como la desatención de las fallas eléctricas y de conexión a internet, servicios indispensables para la comunicación; especialmente en el campo digital, donde el oficialismo “ha dado la batalla” con el apoyo de centenares de cuentas falsas o bots que posicionan tendencias e imponen narrativas.
El ataque a los medios digitales ha arreciado en los últimos años, siendo el 2022 particularmente nefasto para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. En su informe anual, la organización Espacio Público, reveló que solo en ese período se cerraron 80 espacios radiofónicos que engrosan las 284 emisoras clausuradas en los últimos 20 años. De igual modo, la investigación reveló que, de un total de 470 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, la mayor parte de las denuncias (43%) estuvo relacionada con censura.
La ONG destacó que el panorama ha variado poco en 2023. Espacio Público documentó en marzo 16 casos y 34 violaciones del derecho a la libertad de expresión, mientras que 12 periodistas y dos camarógrafos fueron agredidos en su desempeño profesional. Por su parte, la organización Ve Sin Filtro informó que, de 97 dominios bloqueados en Venezuela, 62, es decir, 2 de cada 3 sitios, corresponden a medios digitales independientes.
En el ámbito de la censura digital también se ha expresado el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys-Venezuela), cuyo informe anual señaló que, entre enero y diciembre de 2022, hubo 257 casos que significaron 373 vulneraciones a las libertades informativas. Del total de casos, 61 fueron en el entorno digital, y de éstos 27 se tradujeron en bloqueos a sitios web informativos o ciberataques.
El clima de restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información colocaron a Venezuela en el puesto 159 entre 180 países evaluados en 2022, por el barómetro sobre la situación del periodismo en el mundo de la organización Periodistas Sin Fronteras (PSF), con un puntaje de 37,8. El informe destacó que los bloqueos a medios digitales han sido una política que siguió a la centralización de la importación de papel periódico, que sacó de circulación a más de 60 medios impresos entre 2013 y 2018, durante el primer gobierno de Maduro.
La Unesco celebra este año el 30 aniversario de la declaración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha oportuna para reflexionar en torno a estas y otras graves vulneraciones a la libertad de expresión y el derecho a saber de los ciudadanos, los cuales son transversales al disfrute de otros derechos humanos en todo el mundo. La SIP, en su reciente resolución, instó a los gobiernos de la región a que «celebren campañas de educación pública para que los ciudadanos puedan asumir su derecho a requerir información de la administración pública”.
Para Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción, el acceso a la información pública y la transparencia son pilares del modelo de Gobierno Abierto, promovido por la organización y el movimiento ciudadano en su lucha contra la corrupción.
