Diego Ponce de León, de un Mundo Sin Mordaza, y María Fernando Sojo, de Transparencia Venezuela, expusieron sobre el rol de la ciudadanía activa en la exigencia de información y los deberes del Estado para garantizar este derecho
Coalición Anticorrupción, 11 de octubre de 2021. El grupo de trabajo de jóvenes de la Coalición Anticorrupción, junto a la organización Un Mundo Sin Mordaza, Transparencia Venezuela y la Alianza por el Gobierno Abierto Venezuela (Agav), promovieron un forochat en el marco del Día Internacional del Acceso a la Información Pública, celebrado el pasado 28 de septiembre, con perspectiva de derecho humano y lucha anticorrupción.
Este espacio de reflexión y análisis, que se desarrolló el jueves 30 de septiembre, a través de la plataforma WhatsApp, tuvo como ponentes a Diego Ponce de León, coordinador legal de Un Mundo Sin Mordaza, y María Fernanda Sojo, periodista de investigación en Transparencia Venezuela.
Ponce de León recordó que el acceso a la información coexiste con el derecho a la libertad de expresión. Este último entendido no solo como compartir o establecer ideas, sino como un proceso mucho más complejo en su alcance y marco de acción. En tal sentido, destacó tres aspectos fundamentales que definen al Estado de Derecho: separación de poderes, respetos de los derechos fundamentales y, claramente, la libertad de expresión.
Respecto a los tres derechos más relevantes (derecho a la vida, la igualdad y la libertad), aclaró que ninguno tiene mayor relevancia sobre el otro. Sin embargo, el activista mencionó que, de acuerdo con la Corte Interamericana, “la vida es el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos”, otorgándole así el segundo lugar a la libertad y por último a la igualdad. En efecto, estos derechos ponen en manifiesto y revelan otros.
“Sin libertad de expresión no hay democracia y sin democracia no puede haber libertad de expresión, poniendo en riesgo otro tipo de derechos”, comentó Ponce de León, quien considera que los Estados tienen la obligación de asegurar la libertad de expresión, logrando que se mantenga y proteja el sistema democrático.
El abogado destacó que los ciudadanos deben exigir la información para que el Estado cumpla con el principio de la máxima divulgación. Es decir, que las informaciones son de carácter accesible para todos.
En el marco jurídico interamericano, el relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que un informe de esa instancia identificó las obligaciones que tiene que cumplir el Estado para afirmar el respeto del derecho al acceso a la información.
Estas normas incluyen respuesta oportuna a las solicitudes, recursos que permita la satisfacción del derecho, recurso judicial idóneo que responda a las negativas, obligación de transparencia activa, producción y captura de información, cultura de transparencia, implementación de normas para el acceso a la información y un ordenamiento jurídico que responda a las exigencias.
Con respecto a la situación actual de Venezuela y la violación de libertad de expresión, el coordinador legal de Un Mundo Sin Mordaza refirió que no hay disminución sino una continuación de la práctica, en comparación con 2020. “La pandemia limitó las protestas, manifestaciones y el trabajo de los periodistas por poca movilización, por ello no se podía violentar algo que no existía”.
Sin respuesta
La periodista de investigación María Fernanda Sojo destacó que desde 2016 se desconoce el contenido de la Ley de Presupuesto, las memorias y cuentas e informes de gestión de los organismos del Estado. Asimismo, no se tiene acceso al registro nacional de contratistas y la obtención de respuestas a inquietudes o solicitudes a las autoridades cada vez se hace más complicada.
Expuso que los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil siguen exigiendo a las autoridades el derecho al acceso a la información. Incluso, Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción han enviado más de 20 solicitudes relacionadas con el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el país.
Sojo destacó que el acceso a la información no solo es un derecho consagrado en tratados internacionales y la Constitución Nacional, también se encuentra en la Ley de Procedimientos Administrativos y otra normativa. Por lo tanto, las ONG, asociaciones, periodistas e investigadores han optado por levantar información desde cero y constituir bases de datos sobre casos de corrupción en Venezuela.
Finalmente, los expositores coincidieron en que, pese a todas las limitaciones que existen, aún es posible hacer investigaciones sobre lo que ocurre en el país y plantear soluciones para los problemas. Un ejemplo de ello es el estudio Chavismo Inc., de Transparencia Venezuela.
Del mismo modo, reiteraron que formar parte de organizaciones y asociaciones de activismo sobre Derechos Humanos es fundamental para promover la documentación de la vulneración de los derechos humanos en Venezuela de cara a una eventual transición y de cara a las gestiones ante organismos internacionales.
