En Venezuela el ciudadano está desvalido ante el deterioro severo de las instituciones, lo que ha acentuado la preocupación internacional en los últimos años. El venezolano no confía, en especial, en el sistema de justicia, que ha sido objeto de políticas públicas que han debilitado y corrompido la actuación de policías, fiscales y jueces.
En el país se acentuaron en las dos últimas décadas los factores que fortalecen a las organizaciones de crimen organizado. Desde la “depuración” del Poder Judicial con la promesa de eliminar las llamadas “tribus judiciales”, impulsada al inicio de su presidencia por Hugo Chávez, que fue el germen de la politización de la justicia, pasando por la ruptura en 2005 con agencias policiales de EEUU, y la designación −sin disimulo− de integrantes del Tribunal Supremo de Justicia con afinidad política al partido de Gobierno, hasta la creación parte de Nicolás Maduro de la denominada “Operación Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), un grupo policial acusado de perpetrar masacres e incurrir en torturas. Una larga lista de malas decisiones que han acabado con el imperio de la ley. La vulnerabilidad del ciudadano ante la justicia es solo la cara de una misma moneda, en la que los funcionarios adscritos al Poder Judicial- como se podrá ver en el presente estudio- son el otro ángulo del problema por ser débiles y complacientes en su actuación debido a la escasa o ausente formación ética, sueldos paupérrimos y el irrespeto a sus méritos personales en el ejercicio de sus funciones.
Lea más en el siguiente informe.
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