La recolección, transferencia, transporte y disposición final de la basura, conforma un reto formidable para cualquier país y son los eslabones básicos de la cadena. Ésta, además, podría conllevar la separación en el origen, clasificación, reciclaje, aprovechamiento de energía y tratamiento final, pero lamentablemente, en nuestro país sólo se realizan las actividades básicas. Es un mandato Constitucional mantener el servicio y su competencia recae en las alcaldías, quienes prestaron el servicio directamente hasta la década de los 90 cuando la reestructuración del Estado promovió otras fórmulas administrativas y operativas.
En el proceso de descentralización del Estado, desarrollado a partir del año 1989, el manejo de los desechos sólidos fue un punto importante como servicio público urbano y domiciliario, que conforma un área prioritaria para la salud. La Ley Orgánica de Régimen Municipal, consideró diferentes fórmulas para el manejo de los desechos: concesiones, contratos de servicio o administración directa, incentivando la participación privada en el negocio y generando competencia entre diferentes empresas operadoras.
En Venezuela, debido a su incidencia en la población, se cataloga a los desechos y residuos sólidos (basura) como uno de los principales problemas en materia ambiental (Fundación Tierra Viva, 2007). Antes del año 1989, los municipios manejaban el servicio sin la incorporación de empresas privadas o mixtas, lo que conllevaba a un manejo poco eficaz del servicio urbano y domiciliario. A partir del año 1989, con la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, Gaceta Nro. 4.019 del 15/06/1989, se incorpora el capital privado al manejo y operación del servicio y se promueven las concesiones, hasta por veinte años, emergiendo distintas formas para atender la envergadura y complejidad del problema.
Lea más en el siguiente informe.
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