El escándalo de corrupción de Odebrecht ha estremecido la política latinoamericana, provocando una ola de investigaciones y procesos judiciales en los que están involucrados mandatarios en ejercicio, ex presidentes y ministros. Todos los gobiernos de la región envueltos en esta trama se han visto impactados por este hecho. Este no es el caso de Venezuela, que ha engavetado las pesquisas e investigaciones que comenzaron a principios de 2017 y silenciado a la opinión pública venezolana. Hasta mayo de 2018 no hay sancionados ni exonerados.
Las confesiones hechas por los directivos de Odebrecht señalan que, fuera de Brasil, Venezuela es el país donde la compañía pagó la suma más alta de sobornos para obtener contratos. Gracias a la estrecha relación política que mantenían Caracas y Brasilia, las administraciones de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro pusieron en manos de la compañía brasileña obras de gran envergadura, que demandaban inversiones de miles de millones de dólares. Pero las 11 obras más grandes quedaron inconclusas.
El caso venezolano destaca también por la opacidad sobre los contratos, pagos, condiciones, avances y el silencio e inacción del sistema de administración de justicia.
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