Coalición Anticorrupción, 14 de octubre de 2020. Luego de la campaña en redes sociales, en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sobre la gestión de las autoridades nacionales, estatales y municipales en el manejo de la pandemia por COVID-19, representantes de Transparencia Venezuela en el estado Mérida fueron convocados a sede de la gobernación para un intercambio sobre resultados de la gestión y las exigencias de la sociedad civil.
El encuentro tuvo lugar el jueves 8 de octubre en la Dirección de Planificación y Presupuesto (Direplan), con la economista María Antonia Altuve, directora del citado despacho. Ante las preguntas sobre el gasto en salud y modificaciones al presupuesto, la coordinadora regional de Transparencia Venezuela, Christi Rangel, tuvo acceso a datos en formatos físico y digital de los informes de gestión de 2018, 2019 y la ejecución de gastos para atender la contingencia sanitaria desde marzo hasta la primera semana de agosto de 2020.
De la información recibida destaca que, en total, el Ejecutivo regional gestionó en 2019 Bs 206.448 millones. De ese monto, 99% llegó por créditos adicionales a lo largo del año desde el Gobierno central. El presupuesto representa alrededor de US $ 9,3 millones a la tasa de cambio oficial del 31 de agosto de 2019. Para tener una aproximación a la capacidad de la gestión, se dividió el recurso entre el número de habitantes del estado (1.025.445 personas), y como resultado la gobernación administró, en 2019, alrededor de US$ 9 dólares por cada merideño.
Del total de recursos, 75% se destinó a gastos de personal, 18% a gastos de funcionamiento y menos de 3% a gastos de inversión. Considerando la clasificación funcional del gasto, 16% se destinó para gastos en el sector salud, 11% para educación, 10% para seguridad, 7% para desarrollo urbano, 34% a la dirección superior y el resto en otros sectores.
En relación con los recursos para atender la pandemia por COVID-19, desde marzo hasta la primera semana de agosto de 2020 la gobernación hizo modificaciones al presupuesto aprobadas por el Consejo Legislativo del estado por un monto Bs 76.384 millones, de los cuales Bs 38.759 millones, que representan 51% de las modificaciones, se destinado a la emergencia sanitaria. De ese dinero, Corposalud recibió Bs 17.286 millones (44%), que se distribuyeron en gastos de personal, mantenimiento de la infraestructura de la red hospitalaria, reparación y mantenimiento de ambulancias, transferencias a hospitales y a Malariología.
A la Dirección estadal de Administración le asignaron Bs 705 millones (28%) para la adquisición de insumos médicos de protección (mascarillas, guantes, gorros, etc.) y alimentos para personal en las áreas de contención del virus y personas en situación de vulnerabilidad. Mientras que el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), recibió la cantidad de Bs 411 millones (16%) para repuestos y accesorios de equipos, mantenimiento de equipos, gases medicinales, gastos de funcionamiento y vestuario de protección para el personal.
De igual modo, al Instituto Merideño de Infraestructura y Vialidad (Invimi) se destinaron Bs 3.000 millones (8%) para la rehabilitación parcial de dos ambulatorios y un hospital tipo I; Bs 700 millones al Fondo de Desarrollo de Vivienda y Hábitat (Fonhvim) para la rehabilitación del Centro Regional de Apoyo al Maestro y al Instituto Autónomo de Alimentos y Nutrición del estado Mérida (Iaanem), la cantidad de Bs 656 millones para programa especial emergencia COVID-19.
Las modificaciones presupuestarias se financiaron con recortes de recursos a buena parte de órganos y entes regionales y fondos del Situado Constitucional. No ha habido transferencias del Ejecutivo nacional destinadas a la atención de la pandemia.
Valoración positiva
Corposalud, ente descentralizado responsable del sector salud en Mérida, que recibe fondos del ministerio de Salud y de la gobernación, ha gestionado hasta la primera semana de agosto Bs 219.422 millones (US $ 895.395 al tipo de cambio oficial del 27 de julio), de los cuales 51,15% ha sido aportes del Ejecutivo regional y 48,85% del ministerio. Con estos recursos se otorgaron bonos al personal de salud, se hicieron reparaciones y mantenimiento a 30 ambulancias, se atendieron gastos de funcionamiento de Malariología, del Hospital tipo II de El Vigía y el Hospital Sor Juana Inés de la Cruz; y una dotación de mobiliario en seis centros de la red de hospitales y ambulatorios.
Las autoridades regionales de salud manifiestan preocupación porque sólo han recibido del ministerio los dozavos correspondientes a enero-abril 2020 para gastos de funcionamiento, lo que significa que hay un retraso de cinco meses en la asignación planificada para este año, pese a los requerimientos adicionales impuestos por la pandemia por COVID-19.
La disposición a compartir información sobre la gestión patrimonial de la gobernación del estado Mérida, muestra compromisos con la transparencia que se valora de forma positiva. La Junta Sectorial de Administración y Finanzas de la gobernación ha hecho esfuerzos por aprovechar las tecnologías digitales para visibilizar sus actuaciones y publicar información sobre la gestión financiera, a través del portal http://juntaeconomica.merida.gob.ve/. Sin embargo, los informes de gestión compartidos con Transparencia Venezuela aún no han sido publicados en línea para facilitar el acceso a todos los ciudadanos u organizaciones interesadas. Se han dado los primeros pasos de acciones de gobierno abierto que deben profundizarse, con la publicación en línea de los informes ya elaborados sobre las medidas de atención a la emergencia sanitaria, el presupuesto 2020, la ejecución trimestral del presupuesto, informes de gestión anual previos, el proyecto de Ley del Presupuesto 2021 (cuando esté listo) y el Plan Operativo Anual 2020 e indicadores de resultados por sectores.
El derecho al acceso a la información pública es un derecho constitucional que está consagrado por acuerdos internacionales. Es además uno de los principios del modelo de gobierno abierto que impulsa la Coalición Anticorrupción mediante la acción 8 del Mandato de la sociedad civil para la construcción de una Venezuela íntegra.
